Situación del esfuerzo innovador en Francia

Profundizando en el sistema francés de estímulo a la I+D+i a través de los instrumentos basados en la financiación tanto directa comoindirecta, desarrollados anteriormente, a continuación se analizará su eficiencia y grado de penetración en la industria.

Según el Innovation Union Scoreboard publicado en 2013, Francia se encuadra en la categoría de «Innovation Followers«, ligeramente por encima de la media de la UE-27. Sus puntos fuertes se encuentran fundamentalmente en una elevada cualificación del personal enmarcado en actividades innovadoras (doctorados, tecnólogos, etc.) así como por el potencial de desarrollo en la creación de nuevos mercados y empresas de fuerte carácter innovador, permitiendo ellas compensar la principal debilidad de su sistema, esto es su sistema inversor fuera del marco de I+D+i.

Tomando como referencia el Índice Altran de 2013, el resultado es similar al anterior, ya que Francia ocupa el 6º lugar de potencial innovador, con un índice de 0,676 (este índice representa el grado de aproximación con el país de referencia, en este caso Suecia), viniendo de un 0,696 que tenía en 2012. Asimismo, en cuanto a la inversión del país en I+D con respecto a su PIB, presenta un 2,25% (2,24% en 2012), lo que le deja en un 7º lugar.

Tal y como se refleja en el 8º Eurobarómetro de la Innovación, realizado por AlmaCG, el 32% de las empresas francesas otorgan una importancia fundamental a la innovación como una de las respuestas principales a los desafíos empresariales que presenta la época actual, lo que va en consonancia de los números que presenta el conjunto del país en este ámbito.

El sistema de ayudas indirectas basado fundamentalmente en las deducciones fiscales a la I+D es comúnmente utilizado por las empresas galas; así en este mismo Eurobarómentro se constató que el 64% de los encuestados franceses lo emplean (las micropymes un 47%, las pymes un 66%, las grandes empresas un 74% y más del 92% de los grandes grupos innovadores).

Los últimos datos ofrecidos por el MESR (Ministère de l’Enseignement Supérieur) en relación con la aplicación de las deducciones fiscales (CIR) fue publicado el 17 de julio de 2013 analizando el ejercicio 2011, donde se reflejaba un ascenso hasta las 19.686 empresas y 5.170M€ de deducción. Su crecimiento sigue siendo estable si lo comparamos con las cifras publicadas en mayo de 2012, donde se mostraban los datos correspondientes el año 2010. En ese ejercicio, cerca de 18.000 empresas han aplicado las CIR (un 20% más que en 2008), por valor de 5.050M€.

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, esta tendencia positiva se mantiene desde el inicio de la aplicación de este instrumento, aunque bien es cierto que el ritmo de crecimiento va siendo ligeramente asintótico, tanto en el número de declarantes como de beneficiarios (en el que se eliminan las empresas filiales de los grupos con cuentas consolidadas):

En cuanto a la financiación externa para el desarrollo de proyectos de I+D, se ha evidenciado que presentan un impacto más significativo en las empresas francesas que la media europea; en relación con ello, en la encuesta realizada con motivo del 8º Eurobarómentro, el 50% de las empresas declararon un aumento en los trabajos de I+D en comparación con el 41% del resto de países encuestas. El 66% aumentó del volumen de negocio en nuevas ofertas (contra el 59%). El 70% afirmo un aumento en el número de innovaciones que llegan al mercado (mientras que el resto de países presenta un 60%). La reinversión directa en I+D y patentes son otras dos variables importantes para las empresas francesas, presentando un impacto más relevante que para las empresas encuestadas en el resto de países (40% frente al 36%).

Según el informe publicado en octubre de 2012 por BPIFrance, en el año 2011 se invirtieron 1.250M€ en 844 pymes, lo que supone un incremento de un 12% con respecto a 2010, que presentó un gasto total en I+D de 44.628M€ (según informe de INSEE). Otro dato revelador es el que arroja el informe de julio de 2012 de OSEO, así como en su página web, constatando que se han financiado proyectos de 84.000M€ por un valor total de 31.000M€ (un 5% más que en 2010), cerca de 2.000M€ para proyectos de I+D, 9.000M€ para inversiones, 12.000M€ para financiación junto con inversores privados y otros 8.000M€ en créditos financieros.

Conclusiones

A partir de todo lo anterior, se puede concluir que el sistema nacional de I+D se encuentra plenamente integrado e interiorizado en la industria, mostrándose como un sistema dinámico que busca dar respuesta a las necesidades empresariales, si bien presenta en ocasiones problemas operativos y de aplicación del mecanismo, así como la imposibilidad de considerar en este terreno las actividades de innovación tecnológica, a día de hoy sin apenas instrumentos realmente eficaces para su fomento.

Con todo, Francia sigue mostrándose como un país de referencia en materia de generación de conocimiento, con un progresivo aumento en el número de empresas que acceden al sistema, en el número de proyectos que son financiados y en las ventajas que aporta la utilización de estos recursos.

Análisis de la situación innovadora en España

En los últimos años hemos asistido a una fuerte divulgación de la llamada «cultura innovadora» como solución a los retos que se planteaban en la época actual; en la época de bonanza, cada administración fue estableciendo sus políticas de colaboración público-privada con el fin de estimular el desarrollo de nuevas soluciones que pudieran generar soluciones diferenciadas y, por supuesto, figurar en el mapa con sus ratios e indicadores de inversiones en materia de I+D+i. Así, entre 2000 y 2008 el gasto en I+D+i fue creciendo a un ritmo superior al 10% anual, en la misma medida que lo hacía el gasto público, que buscaba –sin éxito, por otra parte- estimular la inversión privada en innovación (de hecho, el gasto privado en I+D ha estado siempre entre 51 y el 56%).

Analizando los diferentes indicadores, el panorama es más que preocupante. Decenas de parques tecnológicos malviven o se encuentran desiertos después de inversiones públicas más que importantes, la política de ayudas públicas es cada vez más escasa y poco atractiva para unas empresas que no tienen liquidez (se ha pasado de 8.203M€ en 2009 a 5.563M€ en 2013), y éstas a su vez consideran la innovación en muchos casos más como una fuente directa de ingresos (uno de los daños colaterales que tuvieron en muchos casos las subvenciones y una mala política de sensibilización) que como una medida de contribución al riesgo, mientras que las universidades siguen desconectadas de la industria al no existir un sistema engranado eficaz ciencia-tecnología-empresa.

Según el Informe COTEC 2013, el gasto en I+D se sitúa en 2011 en el 1,33% del PIB, con una participación privada del 56% (si recordamos la Cumbre del Consejo Europeo de Lisboa del año 2000, los objetivos a alcanzar en el año 2010 para la UE se proponía aumentar las inversiones en I+D del 1,9% del PIB de entonces hasta el 3%, así como fomentar la inversión privada hasta el 75%), comprobando que los objetivos marcados siguen siendo inalcanzables para España, además de ver como la tendencia se agrava y se aleja a partir de los años 2009 y 2010 por motivo de la crisis, algo que no ocurre con Alemania, Francia, Reino Unido o Italia, por ejemplo.

En el año 2010, las empresas españolas ejecutaron un gasto en I+D equivalente al 0,72% del PIB (en la UE-27, éste fue del 1,17%, y en la OCDE del 1,58%). Los datos no son pobres únicamente en cuanto a la intensidad de la I+D ejecutadas, sino también en su calidad, como se evidencia en el número de las patentes triádicas (las concedidas con efectos conjuntos en las oficinas de patentes europea, estadounidense y japonesa) registradas en 2010 por empresas o centros españoles, un 1,27% del total de las registradas en la UE-27 y el 0,50% de la OCDE.

En el mismo sentido, y tomando como base el número de artículos científicos por millón de habitantes, la cifra se sitúa en 1.539, muy lejos de los 4.208 de Suiza, que ocupa el primer lugar mientras España ocupa el número 20.

Actualmente, el objetivo definido en el marco Europa2020 consiste, en este ámbito, en llegar al menos al 3% del PIB en gasto de I+D+i, al haberse comprobado que el plan del Consejo de Lisboa no se ha cumplido. De momento, no hay motivos para el optimismo.

En materia de innovación, los datos no son mejores. Según el denominado índice sintético de innovación, que muestra una visión general del nivel agregado de innovación de cada país, España ocupa el puesto número 20 considerándose «innovador moderado» con una tasa de crecimiento del 0,9% y un valor final en 2012 de 0,407, lo cual apenas alcanza el 75% de la media de la UE-27, que se sitúa en el 0,544.

Esta desaceleración del esfuerzo innovador en España tiene reflejo en el índice de competitividad publicado por el Institute for Management Development (IMD), en el que España ocupa el puesto 39, cayendo desde el número 35 en el que se encontraba en 2011. También refleja esta tendencia el índice Altran de 2013, con un índice de 0,525 ocupando el puesto 12, uno peor que en 2012, considerándose un país de capacidad media de innovación. Correlacionando este índice con el % de inversión en I+D con respecto al PIB se puede apreciar como España está en el vagón de cola de los países con capacidad media de innovación, pero con un evidente potencial de mejora de su cifra de inversión en I+D dada su capacidad innovadora, tal y como se muestra en el siguiente gráfico:

Sin duda es desalentador escuchar cómo hay proyectos que no son desarrollados porque llevarlo a cabo “les supondrá un coste” o porque no son financiados en su totalidad. ¿Significa que las empresas no pueden realmente llevarlo a cabo? O por el contrario ¿significa que no creen que realizarlo con éxito suponga dar un salto cualitativo en su posicionamiento en el mercado? ¿O simplemente es una consecuencia de que no hay un adecuado sistema de comunicación entre los agentes del ecosistema de I+D+i que muestre las oportunidades que representa su desarrollo?

En cualquier caso, todos los miembros del sistema ciencia-tecnología-empresa se necesitan y complementan, y se deben tender los puentes necesarios para lograr una colaboración estable y más estrecha, ya que de esa manera se podrán dirigir los esfuerzos de manera más eficiente, se minorarán los riesgos técnicos y económicos asociados, y se trabajará de forma más estructurada y abierta, contribuyendo todo ello a mejorar el posicionamiento del país y, de forma extensiva, a la sociedad en su conjunto. Por tanto, se puede concluir que en materia de I+D+i queda mucho por hacer y, que existen los mimbres para poder salir de la situación tan delicada por la que estamos transitando en la actualidad; es necesario orientar y alinear los agentes implicados para dirigir los esfuerzos en la dirección adecuada.

El sistema público de estímulo a la I+D en Francia

En este post se repasarán las características fundamentales de las políticas de estímulo a la I+D (no existe la figura de innovación, que sí existe en España), tanto desde el punto de vista de medidas indirectas (deducciones fiscales) como directas (subvenciones, créditos blandos, etc.). La definición empleada para considerar un proyecto de investigación (básica o aplicada) y de desarrollo experimental provienen del Manual de Frascati:

Investigación básica: Comprende aquellos trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización práctica.

Investigación aplicada: Consisten en la realización de trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos, dirigidos fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico.

Desarrollo experimental: Consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o experiencia práctica y está dirigido a la producción de ciertos materiales, productos o dispositivos, a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes.

Políticas indirectas de estímulo a la I+D

Las deducciones fiscales por I+D se crearon en el año 1983, sucediéndose diversas modificaciones y actualizaciones de la ley (la última -hasta el día de hoy- es la publicada el 23 de febrero de 2012, en la que se fija el perímetro de actividades susceptibles de ser consideradas de I+D).

En general, la deducción aplicable es un 30% de los gastos de I+D hasta los primeros 100M€, a partir del cual el porcentaje se fija en un 5%. Sin embargo, en caso de que la empresa aplique por primera vez este tipo de deducciones, el porcentaje será del 40% en ese primer ejercicio, siendo el segundo año del 35%, con carácter general.

Los gastos admisibles son ligeramente diferentes a los que se contemplan en España. Se consideran admisibles los correspondientes a la amortización de equipos, el personal propio implicado en el proyecto (con la ventaja de que en el caso de tener «jóvenes doctores» con CDI (indefinidos) se contabiliza el doble de su coste durante los dos primeros años de contratación), la subcontratación de organismos públicos, universidades, fundaciones de utilidad pública y determinadas asociaciones (en estos casos se podrá imputar el doble de su coste en caso de que no exista dependencia entre estos organismos y la empresa declarante), y los gastos en I+D llevados a cabo por organismos acreditados por la Administración francesa o por cualquier otro estado de la UE, que se podrán incluir hasta 3 veces del gasto total del resto de conceptos admisibles.

El coste de las subcontrataciones privadas, su coste se limita por regla general a 2M€ por empresa y año, pudiéndose imputar las facturas correspondientes tanto en el desarrollo del proyecto como en el de protección de los resultados y la vigilancia tecnológica (en este caso con un límite de 60k€).

Por último, es aplicable el gasto de los servicios de consultoría con un límite máximo de 15k€ o el 5% del total de los gastos (se aplicará el máximo de ambas alternativas), y se restarán de la base de deducción las posibles ayudas directas recibidas. No es posible el concepto de recuperación de deducciones fiscales pendientes de aplicar.

Las pymes pueden solicitar una prefinanciación a OSEO del CIR a través del instrumento PREFICIR, con un límite del 80% del CIR estimado.

En cuanto a la cesión de activos intangibles (Patent Box), en Francia se aplica este dispositivo desde el año 2000, pudiendose beneficiar de un tipo reducido del 15% en lugar del 33,33% que se debe aplicar por defecto. Se consideran activos intangibles (PI) a las patentes e inventos que puedan ser patentables, nuevos procesos industriales de fabricación, etc., quedando excluidas las marcas, derechos de diseño y copyright. Se pueden aplicar a PI preexistentes.

Habría que tener en cuenta los withholding tax en el caso de los royalties recibidos del exterior, tal y como se contempla también en la normativa española.

En otro ámbito, también existen un sistema de apoyo a las jóvenes empresas innovadoras (tendrán consideración de JEI, manteniendo que al menos un 15% de sus gastos de explotación estén dedicados a I+D) que permite una exoneración de impuestos locales (IBI) durante los primeras 7 años de vida de la empresa, reducción en el pago del impuesto de sociedades (durante los primeros 5 ejercicios en que la empresa tenga beneficios, no paga impuestos en los 3 primeros y paga un 50% en los 2 siguientes) y cargas sociales para los investigadores, técnicos contratados, gestores de proyectos, juristas encargados de la protección industrial de los resultados, etc., que va desde una reducción del 100% en el año 1 hasta el 50% en el año 8, con un límite salarial de remuneración fijado en 4,5 el salario mínimo interprofesional y un límite por establecimiento de 5 veces el techo anual de la seguridad social.

El límite de aplicación se establece en 200k€ en 3 años, teniendo en cuenta que están sujetas al régimen de mínimis.

Otro dispositivo de reciente creación son las deducciones por competitividad y empleo (CECI), que tienen como objetivo mejorar la competitividad de las empresas a través del formento de la inversión, la innovación, la formación, la contratación, la prospección de nuevos mercados, el desarrollo sostenibles. Así pues, en 2013 se aplicará una deducción equivalente al 4% de la masa salarial -excluyendo los salarios superiores 2,5 el mínimo interprofesional-, y a partir de 2014 será del 6%. En este caso es posible solicitar una prefinanciación de hasta el 85% ante OSEO, filial de la Banca Pública de Inversión (BPIFrance).

Por último, el pasado 29 de diciembre se han aprobado las deducciones por innovación (CII), dirigido a pymes para reducir el riesgo tecnológico asociado a la concepción de prototipos de nuevos productos o de instalaciones piloto. El porcentaje de deducción es el 20% con un límite máximo de 400k€. Los gastos deducibles son las amortizaciones de activos, los gastos de personal implicado, los gastos de funcionamiento, de patentes y certificados así como de sus trámites.

Políticas directas

Las ayudas directas existentes en Francia presentan diferentes modalidades, como créditos blandos, anticipos reembolsables, subvenciones, etc., a través de diferentes instituciones y agencias, ya que al igual que ocurre en España, se puede recurrir a ayudas nacionales o regionales, y financiar tanto la ejecución de un proyecto individual como en cooperación.

Para los proyectos más relevantes se puede recurrir al sistema nacional de ayudas, gestionados principalmente por BPIFrance (que reagrupa las antiguas OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions),  aunque también existen otros organismos que ofrecen diversos sistemas de ayuda, como la Agencia Nacional de la Investigación, los Polos de Competitividad, etc.

En el caso tanto de proyectos individuales como en cooperación, BPIFrance habilita la Aide au Développement de l’Innovation (ADI) para la ejecución de proyectos individuales de I+D por parte de pymes, en forma de anticipos reembolsables y préstamos a tipo cero con un ratio del 25 al 65% del presupuesto, en función del riesgo tecnológico, efectivo incentivador, etc.

Para la gestación de proyectos en cooperación se puede optar por las Aide au Partenariat Technologique (APT), que permiten la financiación de preparación de proyectos en consorcio para pymes a través de subvenciones con un límite máximo de hasta 50k€.

Las Aide aux Projets Collaboratifs des Pôles de Compétitivité (FUI) financia el desarrollo de nuevos productos o servicios con un fuerte componente innovador, que pueda tener como consecuencia un nuevo producto o servicio en un plazo inferior a los 5 años. Se fomenta la cooperación público-privada.

La Aide aux Projets d’Innovation Stratégique Industrielle (ISI) se enfoca a proyectos en cooperación entre al menos dos empresas y un laboratorio. El tipo de ayuda es mixto, teniendo una parte en subvención para las actividades de investigación (entre el 25 y el 45%), y un anticipo reembolsable para las de desarrollo experimental (hasta un 40%).

La Agence Nationale pour la Recherche (ANR) presenta un programa de ayudas orientadas al desarrollo de proyectos de investigación básica.

En cuanto a las ayudas regionales, éstas son muy diversas en función de la región y se encuentran gestionados por los consejos regionales, y se encuentran orientadas sobre todo al desarrollo empresarial de la zona. Algunos ejemplos de estas ayudas son las siguientes:

• Aider l’expérimentation de projets innovants (Île-de-France). Tiene carácter demostrador para nuevos productos o servicios.
• Développement du Management Enrivonnemental et des Technologies Propes dans las PME (Rhône-Alpes). Tal y como indica el título, estas ayudas se orientan a la introducción e impulso de las tecnologías limpias en las pymes, con ayudas entre el 15 y el 50% de forma general, en función del tipo de actuación.
• Fonds Régional d’Aide à l’Exportation (Picardie). El objetivo principal es fomentar la competitividad de las pymes a través de la exportación, con subvenciones de hasta el 50%.
• Cap’Développement (Centro). Se trata de ayudas a las empresas para mejorar su competitividad y posicionamiento, tanto nacional como internacional.

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Foto: Arjan Almekinders, bajo licencia CreativeCommons.

Ley de emprendedores: Modificación de incentivos fiscales por I+D

El Proyecto de Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización que se está actualmente tramitando incluye en su articulado algunas modificaciones del artículo 35 de la Ley 4/2004, de 5 de marzo, sobre el Impuesto de Sociedades, esto es, sobre las deducciones por actividades de I+D+i. En su artículo 25 hace referencia a los incentivos fiscales a las actividades de investigación y desarrollo (no hace mención a innovación tecnológica), así como también a las rentas procedentes de determinados activos intangibles, introduciendo la siguiente novedad:

A partir de los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2013 se podrá obviar el límite de cuota, pudiéndose aplicar con un descuento del 20% de su importe.  Se establece para ello un límite aplicado e deducción de 3M€, aplicable a I+D+i, y se establece a todo el grupo de sociedades, en el supuesto de entidades que formen parte del mismo según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio.

Para poder aplicar este nuevo dispositivo es necesario cumplir lo siguiente:

• Pasar un año al menos desde la finalización del periodo impositivo en el que se ha generado la deducción.
• Que se destine un importe equivalente a la deducción a gastos de I+D o a inversiones en elementos del inmovilizado material o activo intangible (para I+D) durante 2 años.
• Que la plantilla media o, alternativamente, la plantilla media adscrita aactividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica no se veareducida desde el final del período impositivo en que se generó la deducción hasta la finalización del plazo de reinversión.
• Haber recibido el IMV del proyecto.

De todos modos, a esta proyecto todavía le queda mucho camino por recorrer hasta su aprobación definitiva, por lo que es posible que surjan modificaciones (tanto de fondo como de forma) con respecto al texto presentado a día de hoy.

Políticas de estímulo a la I+D. Ayudas directas

Después del post dedicado a las políticas de estímulo basadas en los incentivos fiscales, toca repasar el papel que desempeñan las fórmulas de ayudas directas -subvenciones, créditos blandos, etc.- existentes para desarrollar las actividades innovadoras, tomando como base el paper publicado por NESTA en enero de 2013, y conducido por el MIoIR.

De forma general, se puede afirmar que las medidas directas para estimular el desarrollo de la actividad innovadora comenzaron a partir de la II Guerra Mundial dentro de la industria de defensa. A partir de entonces, y viendo los buenos resultados obtenidos, se fueron generalizando a todo tipo de sectores y empresas. Tal y como se puede apreciar en la siguiente gráfica, el esfuerzo en esta materia es progresivo y generalizado en estos últimos años.

Diseño

A la hora de poner en marcha estas medidas, es necesario definir los objetivos que persiguen (sectores a los que van dirigidos, tipo de empresas, etc.) y los mecanismos de control del impacto a corto plazo (empleo, volumen de negocios, etc) como a largo plazo (crecimiento y competitividad, transferencia de conocimiento y sinergias, etc.).

Una vez determinado lo anterior, se podrá definir la metodología de evaluación de las propuestas (comité evaluador, criterios básicos, tipo de ayuda, etc.), así como la duración inicial de los programas (habitualmente se trabaja entre 4 o 5 años), con unas revisiones periódicas para poder comprobar su validez y vigencia.

Tipología de las ayudas

Los tipos de ayudas directas más habituales en la actualidad en programas de I+D+i son las siguientes:

– Subvenciones. Cubre una parte del coste total del proyecto de I+D a partir de una inyección de liquidez directa.

– Créditos blandos. Puede ser concedido por la propia administración o a través de una entidad bancaria. Se trata de un préstamo reembolsable (o parcialmente reembolsable) bajo diferentes condiciones

– Ofrecimiento de garantías. La finalidad de este mecanismo es otorgar garantías financieras a las empresas con el objetivo de facilitar su acceso a préstamos otorgados por bancos comerciales y otros intermediarios financieros.

– Catalizador de capital semilla. Ya sea a través de la constitución y estímulo de redes de business angels y fondos de capital riesgo, coinversión, etc., para start-ups y empresas de reciente creación, sobre todo de carácter tecnológico.

Lanzamiento y evaluación de la eficacia

El paso siguiente, y de acuerdo con el plan de ruta determinado y acordado, es detallar las líneas básicas de los mecanismos habilitados de lanzamiento y la evaluación de su desarrollo a lo largo de su vida útil.

De esta manera, se diseñará el proceso de implementación y control, diseñando las diferentes características y peculiaridades que compondrán el programa, como pueden ser los criterios de evaluación y determinación de la financiación, los plazos de pago, canales de comunicación habilitados y requerimientos documentales, etc.

Se desarrollarán las líneas de control y vigilancia, la sistemática de trabajo e indicadores de seguimiento, la posibilidad de habilitar canales de asesoramiento, gestión del proceso global de manera que se trabaje en mejoras incrementales de eficiencia, etc.

Definición de servicios complementarios

Opcionalmente, se pueden definir servicios complementarios a las líneas básicas de desarrollo, como pueden ser los servicios de asesoramiento, formación sobre modelos de negocio derivado de la ejecución del proyecto, el apoyo a la comercialización, etc. Estos servicios pueden desarrollarse con el fin de mejorar la protección y explotación de los resultados del proyecto. Este tipo de servicios permiten mejorar el impacto a largo plazo de los programas, ya que pueden ser palanca para el desarrollo de nuevas estrategias. Como principal desventaja, es el consiguiente coste que lleva asociada la implementación de estos servicios.

Medición de la eficacia

En general, la eficacia de los programas se mide a través de la medición incremental de los inputs o entradas (número de proyectos que se han podido llevar a cabo gracias al programa, en general se estima en un 70%), de los outputs o salidas (nuevos productos o servicios desarrollados gracias al programa, incremento en las exportaciones, aumento de empleos, etc., aunque no hay estudios concluyentes en este ámbito) y de los ratios relacionados con el efecto incentivador durante el desarrollo, como la puesta en marcha del proyecto (estimado entre el 28% y el 58%), la reducción de plazos (hasta un 16%), alcance (entre un 8% y 54% son más ambiciosos gracias a estas ayudas), mayor desafío tecnológico (entre el 22% y 52%), mejorar el sistema de colaboración y cooperación (entre 28% y 52%), posibilidad de posteriores proyectos complementarios o fortalecimiento del management.

La necesidad de esta medición es poder comprobar que las medidas públicas de ayuda permiten minorar la incertidumbre tecnológica y del riesgo, así como un impulso de la competitividad del mercado.

Por lo tanto, el papel del gobierno consiste en reducir la incertidumbre, en los mercados no sustitutivos compartiendo riesgos y costes, e idear maneras de superar los límites tecnológicos.

Conclusiones

Los programas de apoyo directo a los esfuerzos de I + D de las empresas tienen una larga historia en los países de la OCDE, dadas las limitaciones que presentan el desarrollar una política activa de I+D, lo que en ocasiones lleva a las empresas a limitar sus actividades de I + D. De esta manera, y gracias al apoyo público, se pretende reforzar la competitividad de las industrias y empresas, mejorando las exportaciones, más empleos y de mayor valor añadido, y en definitiva, una mayor competitivdad que redundará en un mejor posicionamiento del conjunto del país.

Estos programas públicos pueden ser genéricos (que cubre todos los tipos de empresas y todos los sectores) o específico (dirigido a un determinado tipo de empresas, industrias específicas o problemas concretos). Si bien estos programas directos constituyen el núcleo de la intervención pública hacia las empresas en los años 1960 y 1970, desde entonces han sido sustituidos por instrumentos indirectos (principalmente créditos fiscales) y los programas de colaboración público-privada específicos.

A raíz del análisis de los diferentes programas de ayuda, se puede evidenciar una mayor participación de empresas medianas y grandes, dado que estas empresas suelen afrontar proyectos más ambiciosos y de mayor riesgo tecnológico, así como también que las empresas que han participado en estos programas suelen desarrollar proyectos posteriores, desarrollándose una mayor integración entre la estrategia de I+D+i en el seno de la empresa.

Finalmente, se puede afirmar que la combinación de estas medidas directas (que se puede emplear de manera estratégica por los gobiernos, centrándose por ejemplo en determinados sectores, regiones o tipos de empresa) con el de medidas indirectas basadas en los incentivos fiscales, constituyen una combinación óptima para poder maximizar la acción privada innovadora.