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Modificaciones en el Patent-Box introducidas en la LPGE2016

En la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, publicada este viernes 30 de octubre, se introduce una modificación en la forma de cálculo del incentivo fiscal conocido como patent-box (la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles), con el objeto de adaptarla a los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea y de la OCDE.


Artículo 62. Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles

De esta forma, y con efectos a partir de 1 de julio de 2016 y vigencia indefinida, se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 23 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que quedan redactados de la siguiente forma, pasando los actuales 3, 4, 5 y 6 a numerarse como 4, 5, 6 y 7:

«1. Las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, tendrán derecho a una reducción en la base imponible en el porcentaje que resulte de multiplicar por un 60 por ciento el resultado del siguiente coeficiente:

a) En el numerador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente relacionados con la creación del activo, incluidos los derivados de la subcontratación con terceros no vinculados con aquella. Estos gastos se incrementarán en un 30 por ciento, sin que, en ningún caso, el numerador pueda superar el importe del denominador.

b) En el denominador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente relacionados con la creación del activo, incluidos los derivados de la subcontratación y, en su caso, de la adquisición del activo. En ningún caso se incluirán en el coeficiente anterior gastos financieros, amortizaciones de inmuebles u otros gastos no relacionados directamente con la creación del activo. La reducción prevista en este apartado también resultará de aplicación en el caso de transmisión de los activos intangibles referidos en el mismo, cuando dicha transmisión se realice entre entidades que no tengan la condición de vinculadas.

2. Para la aplicación de la reducción prevista en el apartado anterior deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que el cesionario utilice los derechos de uso o de explotación en el desarrollo de una actividad económica y que los resultados de esa utilización no se materialicen en la entrega de bienes o prestación de servicios por el cesionario que generen gastos fiscalmente deducibles en la entidad cedente, siempre que, en este último caso, dicha entidad esté vinculada con el cesionario.

b) Que el cesionario no resida en un país o territorio de nula tributación o calificado como paraíso fiscal, salvo que esté situado en un Estado miembro de la Unión Europea y el contribuyente acredite que la operativa responde a motivos económicos válidos y que realice actividades económicas.

c) Cuando un mismo contrato de cesión incluya prestaciones accesorias de servicios deberá diferenciarse en dicho contrato la contraprestación correspondiente a los mismos.

d) Que la entidad disponga de los registros contables necesarios para poder determinar los ingresos y gastos directos correspondientes a los activos objeto de cesión. 3. En el caso de cesión de activos intangibles, a los efectos de lo dispuesto en este artículo, con independencia de que el activo esté o no reconocido en el balance de la entidad, se entenderá por rentas la diferencia positiva entre los ingresos del ejercicio procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de los activos y las cantidades que sean deducidas en el mismo por aplicación del artículo 12.2 de esta Ley, y por aquellos gastos del ejercicio directamente relacionados con el activo cedido.»


Artículo 64. Régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles.

Con efectos a partir de 1 de julio de 2016 y vigencia indefinida se modifica la Disposición transitoria vigésima de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición transitoria vigésima. Régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles.

1. Las cesiones del derecho de uso o de explotación de activos intangibles que se hayan realizado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, podrán optar por aplicar en todos los períodos impositivos que resten hasta la finalización de los contratos correspondientes, el régimen establecido en el artículo 23 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, según redacción dada al mismo por la Disposición adicional octava.1.ocho de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

2. Las cesiones del derecho de uso o de explotación que se hayan realizado o se realicen desde la entrada en vigor de la Ley 14/2013 hasta 30 de junio de 2016, podrán optar por aplicar en todos los períodos impositivos que resten hasta la finalización de los contratos correspondientes, el régimen establecido en el artículo 23 de la presente Ley, según redacción vigente a 1 de enero de 2015.

3. Las opciones a que se refieren los dos apartados anteriores se ejercitarán a través de la declaración del período impositivo 2016.

4. Las transmisiones de activos intangibles que se realicen desde 1 de julio de 2016 hasta 30 de junio de 2021 podrán optar por aplicar el régimen establecido en el artículo 23 de la presente Ley, según redacción vigente a 1 de enero de 2015. Esta opción se ejercitará en la declaración correspondiente al período impositivo en que se realizó la transmisión. 5. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 anteriores resultará de aplicación hasta 30 de junio de 2021. A partir de entonces, las cesiones que se hayan realizado de acuerdo con lo señalado en dichos apartados deberán aplicar el régimen establecido en el artículo 23 de esta Ley, según redacción dada al mismo por la Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.»

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Situación de la innovación en Galicia

Tal y como recoge el Informe Cotec 2013, la competitividad de un país se apoya fundamentalmente en su inversión en investigación y desarrollo tecnológico, en su esfuerzo para conseguir un capital humano capacitado para adquirir conocimientos y desarrollar tecnologías de cualquiera de sus formas, y en la existencia de un tejido empresarial que sea capaz de aprovechar las fuentes de conocimiento y tecnología a su alcance para producir productos y servicios novedosos que tengan aceptación en el mercado global.

A partir de estos principios básicos comúnmente aceptados, las diferentes administraciones públicas desarrollan las diferentes estrategias de innovación, que permitan el fortalecimiento y desarrollo del sistema ciencia-tecnología-empresa.

Dentro de este contexto, en el que se puede citar el programa Horizonte 2020 europeo, o la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, la Comisión Europea ha fijado una estrategia específica de desarrollo regional, basada en una especialización inteligente, que permitirá potenciar sus puntos fuertes y conocimiento adquirido a lo largo del tiempo. Este programa, conocido como “Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente” (RIS3), se desarrollará en el periodo 2014-2020 y cuenta con un presupuesto estimado de 1.600 millones de euros en base a tres retos fundamentales: la gestión innovadora de los recursos naturales y patrimoniales, la mejora de la competitividad y la diversificación de la industria, y el relacionado con la vida saludable y envejecimiento activo.

Este trabajo de identificación y definición de las áreas de conocimiento se ha llevado a cabo a través de diferentes alternativas de especialización, como la modernización a través de la incorporación de nuevas tecnologías, la transición desde sectores tradicionales hace áreas más competitivas, la diversificación de actividades a partir de especializaciones existentes y el cambio radical o innovaciones disruptivas que puedan provocar la aparición de nuevos sectores. El resultado ha sido la identificación de diversas prioridades relacionadas con la eficiencia de los recursos, el desarrollo sostenible, los nuevos materiales, o las tecnologías de la información.

El desarrollo de este RIS3 es fundamental para garantizar la competitividad de Galicia en los próximos años, facilitando la generación de nuevo conocimiento de elevado valor añadido a nivel global, así como estimulando la creación de sinergias entre los diferentes agentes implicados, lo que redundará en beneficio de toda la sociedad, gracias a un mejor uso de los recursos públicos y privados en aquellos ámbitos con mayores oportunidades competitivas. Para su elaboración se parte de un análisis de la situación actual, resultado en parte del vigente “Plan I2C 2011-2015”, cuyo objetivo era desarrollar un ecosistema eficiente de I+D+i que permitiera a Galicia competir con garantías en un entorno globalizado.

El objetivo de todas estas políticas es desarrollar un ecosistema eficiente de I+D+i que permita a Galicia competir con garantías en un entorno globalizado. En el año 2012, la intensidad de innovación de las empresas en Galicia (entendida como gastos en actividades innovadoras sobre la cifra de negocios), se situaba en el 0,93%, por encima del 0,84% nacional, lo que representa un importante esfuerzo en el aumento de la competitividad y mejor posicionamiento de sus empresas. Sin embargo, la relación de gasto total en I+D sobre PIB en Galicia se sitúa en 0,87%, muy por debajo de la media nacional de 1,30%, y en continuo descenso desde el año 2008, momento en que alcanzó un máximo del 1,04%.

Esta situación se ilustra también en el Regional Innovation Scoreboard 2014, publicado recientemente por la Unión Europea, donde sitúan a Galicia dentro de las regiones con intensidad de I+D general moderada, con índices en general significativamente por debajo de la media europea, siendo particularmente significativo el índice de pymes que realizan actividades de I+D in-house, que se sitúa a Galicia a la cola de la Unión con un valor por debajo de la mitad de la media europea (0,227).

Según los últimos datos de la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio 2011, Galicia ha declarado 4M€ en deducciones fiscales por este ámbito (un 1,4% del total nacional, cuyo 78,4% corresponde a Catalunya y a la Comunidad de Madrid), situándose en la zona de intensidad media. Por otro lado, según el Informe anual CDTI 2012 -organismo que gestiona casi la mitad del total de lo financiado por el sector público al ámbito empresarial-, el número de propuestas realizadas desde Galicia fueron 58 (un 4,7% del total), a pesar de encontrarse en una región de convergencia que contaba con una mayor dotación presupuestaria (junto con Andalucía), canalizada a través de las ayudas FEDER Innterconecta. El sistema no se encuentra pues alineado del todo con la realidad empresarial, o en su defecto, existe todavía cierto desconocimiento de su existencia y funcionamiento.

Con el fin de estimular la iniciativa privada en el área de I+D+i, el actual sistema de financiación, -a través tanto de vías directas como indirectas-, tiene un notable impacto a la hora de poder superar el conocido death valley, lugar en el que mueren muchos proyectos o incluso organizaciones por falta de recursos propios para poder afrontar con garantías todo el proceso innovador, desde la generación de la idea, hasta su puesta en el mercado. Para ello, las empresas tienen a su disposición un amplio abanico de ayudas públicas, a pesar de la época de crisis económica que estamos atravesando, desde préstamos participativos de ENISA para emprendedores y start-ups, pasando por propuestas europeas en el marco del H2020, convocatorias de I+D como la PID o EEA Grants de CDTI, así como el Conecta Peme de la Gain, o las más orientadas a la producción innovadora, como la Línea Directa de Innovación de CDTI o la convocatoria de Inversiones Innovadoras para el Crecimiento Empresarial gestionada por la Gain, o incluso las de carácter demostrador como LIFE, cuyas nuevas bases se han publicado recientemente.

Por otro lado, la financiación indirecta permite aflorar y optimizar los gastos incurridos en actividades de I+D+i y/o medio ambiente, a través de las deducciones fiscales, la cesión de activos intangibles (conocido como Patent Box), o el reciente Cash-Back, desarrollado en la Ley de Apoyo al Emprendedor, para poder liquidar el crédito fiscal generado a partir del ejercicio fiscal 2013.

Todos estos instrumentos son fundamentales para garantizar la competitividad y desarrollo económico de Galicia, a través de una perspectiva común entre todos los agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa implicados. Apalancándose en la generación y transmisión de nuevo conocimiento como mecanismo de diferenciación, junto con la puesta en valor y capitalización de las actividades innovadoras no planificadas y la facilidad de acceso a la financiación para el desarrollo de proyectos de I+D+i, permitirán afrontar con garantías los desafíos de un entorno dinámico y cambiante, en el que la propuesta de valor es un aspecto clave de supervivencia.

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El sistema público de estímulo a la I+D en Francia

En este post se repasarán las características fundamentales de las políticas de estímulo a la I+D (no existe la figura de innovación, que sí existe en España), tanto desde el punto de vista de medidas indirectas (deducciones fiscales) como directas (subvenciones, créditos blandos, etc.). La definición empleada para considerar un proyecto de investigación (básica o aplicada) y de desarrollo experimental provienen del Manual de Frascati:

Investigación básica: Comprende aquellos trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización práctica.

Puzzle

Investigación aplicada: Consisten en la realización de trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos, dirigidos fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico.

Desarrollo experimental: Consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o experiencia práctica y está dirigido a la producción de ciertos materiales, productos o dispositivos, a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes.

Políticas indirectas de estímulo a la I+D

Las deducciones fiscales por I+D se crearon en el año 1983, sucediéndose diversas modificaciones y actualizaciones de la ley (la última -hasta el día de hoy- es la publicada el 23 de febrero de 2012, en la que se fija el perímetro de actividades susceptibles de ser consideradas de I+D).

En general, la deducción aplicable es un 30% de los gastos de I+D hasta los primeros 100M€, a partir del cual el porcentaje se fija en un 5%. Sin embargo, en caso de que la empresa aplique por primera vez este tipo de deducciones, el porcentaje será del 40% en ese primer ejercicio, siendo el segundo año del 35%, con carácter general.

Los gastos admisibles son ligeramente diferentes a los que se contemplan en España. Se consideran admisibles los correspondientes a la amortización de equipos, el personal propio implicado en el proyecto (con la ventaja de que en el caso de tener “jóvenes doctores” con CDI (indefinidos) se contabiliza el doble de su coste durante los dos primeros años de contratación), la subcontratación de organismos públicos, universidades, fundaciones de utilidad pública y determinadas asociaciones (en estos casos se podrá imputar el doble de su coste en caso de que no exista dependencia entre estos organismos y la empresa declarante), y los gastos en I+D llevados a cabo por organismos acreditados por la Administración francesa o por cualquier otro estado de la UE, que se podrán incluir hasta 3 veces del gasto total del resto de conceptos admisibles.

El coste de las subcontrataciones privadas, su coste se limita por regla general a 2M€ por empresa y año, pudiéndose imputar las facturas correspondientes tanto en el desarrollo del proyecto como en el de protección de los resultados y la vigilancia tecnológica (en este caso con un límite de 60k€).

Por último, es aplicable el gasto de los servicios de consultoría con un límite máximo de 15k€ o el 5% del total de los gastos (se aplicará el máximo de ambas alternativas), y se restarán de la base de deducción las posibles ayudas directas recibidas. No es posible el concepto de recuperación de deducciones fiscales pendientes de aplicar.

Las pymes pueden solicitar una prefinanciación a OSEO del CIR a través del instrumento PREFICIR, con un límite del 80% del CIR estimado.

En cuanto a la cesión de activos intangibles (Patent Box), en Francia se aplica este dispositivo desde el año 2000, pudiendose beneficiar de un tipo reducido del 15% en lugar del 33,33% que se debe aplicar por defecto. Se consideran activos intangibles (PI) a las patentes e inventos que puedan ser patentables, nuevos procesos industriales de fabricación, etc., quedando excluidas las marcas, derechos de diseño y copyright. Se pueden aplicar a PI preexistentes.

Habría que tener en cuenta los withholding tax en el caso de los royalties recibidos del exterior, tal y como se contempla también en la normativa española.

En otro ámbito, también existen un sistema de apoyo a las jóvenes empresas innovadoras (tendrán consideración de JEI, manteniendo que al menos un 15% de sus gastos de explotación estén dedicados a I+D) que permite una exoneración de impuestos locales (IBI) durante los primeras 7 años de vida de la empresa, reducción en el pago del impuesto de sociedades (durante los primeros 5 ejercicios en que la empresa tenga beneficios, no paga impuestos en los 3 primeros y paga un 50% en los 2 siguientes) y cargas sociales para los investigadores, técnicos contratados, gestores de proyectos, juristas encargados de la protección industrial de los resultados, etc., que va desde una reducción del 100% en el año 1 hasta el 50% en el año 8, con un límite salarial de remuneración fijado en 4,5 el salario mínimo interprofesional y un límite por establecimiento de 5 veces el techo anual de la seguridad social.

El límite de aplicación se establece en 200k€ en 3 años, teniendo en cuenta que están sujetas al régimen de mínimis.

Otro dispositivo de reciente creación son las deducciones por competitividad y empleo (CECI), que tienen como objetivo mejorar la competitividad de las empresas a través del formento de la inversión, la innovación, la formación, la contratación, la prospección de nuevos mercados, el desarrollo sostenibles. Así pues, en 2013 se aplicará una deducción equivalente al 4% de la masa salarial -excluyendo los salarios superiores 2,5 el mínimo interprofesional-, y a partir de 2014 será del 6%. En este caso es posible solicitar una prefinanciación de hasta el 85% ante OSEO, filial de la Banca Pública de Inversión (BPIFrance).

Por último, el pasado 29 de diciembre se han aprobado las deducciones por innovación (CII), dirigido a pymes para reducir el riesgo tecnológico asociado a la concepción de prototipos de nuevos productos o de instalaciones piloto. El porcentaje de deducción es el 20% con un límite máximo de 400k€. Los gastos deducibles son las amortizaciones de activos, los gastos de personal implicado, los gastos de funcionamiento, de patentes y certificados así como de sus trámites.

Políticas directas

Las ayudas directas existentes en Francia presentan diferentes modalidades, como créditos blandos, anticipos reembolsables, subvenciones, etc., a través de diferentes instituciones y agencias, ya que al igual que ocurre en España, se puede recurrir a ayudas nacionales o regionales, y financiar tanto la ejecución de un proyecto individual como en cooperación.

Para los proyectos más relevantes se puede recurrir al sistema nacional de ayudas, gestionados principalmente por BPIFrance (que reagrupa las antiguas OSEOCDC EntreprisesFSI et FSI Régions),  aunque también existen otros organismos que ofrecen diversos sistemas de ayuda, como la Agencia Nacional de la Investigación, los Polos de Competitividad, etc.

En el caso tanto de proyectos individuales como en cooperación, BPIFrance habilita la Aide au Développement de l’Innovation (ADI) para la ejecución de proyectos individuales de I+D por parte de pymes, en forma de anticipos reembolsables y préstamos a tipo cero con un ratio del 25 al 65% del presupuesto, en función del riesgo tecnológico, efectivo incentivador, etc.

Para la gestación de proyectos en cooperación se puede optar por las Aide au Partenariat Technologique (APT), que permiten la financiación de preparación de proyectos en consorcio para pymes a través de subvenciones con un límite máximo de hasta 50k€.

Las Aide aux Projets Collaboratifs des Pôles de Compétitivité (FUI) financia el desarrollo de nuevos productos o servicios con un fuerte componente innovador, que pueda tener como consecuencia un nuevo producto o servicio en un plazo inferior a los 5 años. Se fomenta la cooperación público-privada.

La Aide aux Projets d’Innovation Stratégique Industrielle (ISI) se enfoca a proyectos en cooperación entre al menos dos empresas y un laboratorio. El tipo de ayuda es mixto, teniendo una parte en subvención para las actividades de investigación (entre el 25 y el 45%), y un anticipo reembolsable para las de desarrollo experimental (hasta un 40%).

La Agence Nationale pour la Recherche (ANR) presenta un programa de ayudas orientadas al desarrollo de proyectos de investigación básica.

En cuanto a las ayudas regionales, éstas son muy diversas en función de la región y se encuentran gestionados por los consejos regionales, y se encuentran orientadas sobre todo al desarrollo empresarial de la zona. Algunos ejemplos de estas ayudas son las siguientes:

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Foto: Arjan Almekinders, bajo licencia CreativeCommons.

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¿Por qué no se utilizan las deducciones por I+D+i?

A pesar de todo lo comentado en anteriores post acerca de las ventajas y bondades del sistema de incentivos fiscales End of the Trailque permite un importante ahorro a las empresas españolas vía impuesto de sociedades, en la actualidad todavía hay algunos rechazos a su utilización de forma habitual. Repasamos a continuación algunos de ellos:

–  Desconocimiento de la existencia de los instrumentos.

Si bien es cierto que en los últimos años se ha producido un importante esfuerzo por parte de todos los agentes implicados por fomentar el conocimiento de los instrumentos existentes para la reducción del pago del IS debido a la realización de proyectos de I+D+i y gestión del conocimiento, todavía es un hecho que muchas empresas, sobre todo de sectores no tradicionalmente relacionados con la tecnología, no conocen la existencia de los dispositivos fiscales habilitados, relacionados con las actividades de I+D+i: artículo 23 y 35 de la TRLIS 4/2004, o las bonificaciones a la Seguridad Social para personal investigador, fundamentalmente según la Disposición Adicional  Septuagésima Novena de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado

Insuficiencia de cuota.

Aunque con la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible se ampliaba hasta 18 años la posibilidad de aplicar las deducciones fiscales generadas y no aplicadas acumulándose en ese tiempo como crédito fiscal, es relativamente frecuente que las empresas que en la actualidad se encuentran en pérdidas o con imposibilidad de aplicar las deducciones generadas no consideran prioritario lanzar el proceso de lanzamiento del proceso de identificación, valoración y gestión de proyectos de I+D+i, entendiendo que se trata de un instrumento a corto plazo y no plantean otros escenarios. Según las últimas estadísticas publicadas por la AEAT, de un total de 1.420.707 declarantes, 415.493 presentaban una cuota líquida positiva (un 29,2%), mientras que 27.308 han presentado deducciones por I+D+i (un 1,9% del total).

Desconfianza en el proceso.

Aun conociendo los dispositivos existentes, muchas empresas no muestran excesiva confianza en su aplicación, sobre todo en las posibles discrepancias que puede haber entre los distintos ministerios durante el proceso, en este momento MINECO y MINHAP, junto con el resto de agentes intervinientes en el proceso. Por este motivo, y ante eventuales problemas en este ámbito durante las correspondientes inspecciones fiscales, prefieren no recurrir a estos dispositivos.

Por este motivo, y con el objetivo de minorar el riesgo, en los últimos años el número de empresas están recurriendo cada vez más a la vía de certificación, debido a que es la única vía que ofrece seguridad jurídica, por ello la vía de la autoliquidación está por tanto disminuyendo, a pesar de que las empresas cuentan con personal experto que atesoran todo el conocimiento y contar con la colaboración de empresas consultoras con amplio expertise en este campo. En este sentido, en 2011 se presentaron 3.200 solicitudes de informe motivado vinculante (SIMV) y, según el informe publicado por MINECO en octubre de 2012, se puede considerar como válida la estimación de que esta vía recoge alrededor de un tercio del total de las deducciones generadas por I+D+i.

En otros casos, las empresas recurren a deducirse única y exclusivamente por proyectos de I+D planificados que hubieran recibido previamente financiación directa para su ejecución, sin considerar los demás trabajos en el ámbito de la I+D+i no planificada, muy superior en volumen a la primera al encontrarse vinculada directamente al negocio.

Lentitud en el proceso.

Otras de las razones por las que las empresas no recurren a las deducciones fiscales se encuentran en los dilatados plazos que actualmente presenta la vía de certificación (que como se señaló en el punto anterior es un proceso que está ganando notable importancia). A pesar de los esfuerzos que está realizando MINECO por acortar los tiempos, reducir y simplificar los trámites, informatizar y automatizar los procesos, es un hecho que los IMV se están recibiendo con más de un año de retraso desde su presentación.

Por tanto, es impensable que una empresa pueda certificar un proyecto y recibir el IMV para su inclusión en su declaración del IS en el mismo ejercicio, lo que provoca que algunas empresas decidan no iniciar el proceso, ya que la planificación propuesta por la Dirección General de Innovación y Competitividad (dependiente de MINECO) a día de hoy no se corresponde con la realidad.

Por desconocimiento de la propia actividad innovadora en la empresa.

Aunque pueda resultar paradójico, la gran mayoría de las empresas no son conscientes del potencial innovador que están desarrollando, en ocasiones por una visión demasiado estricta del concepto de I+D+i (centrándose únicamente en los proyectos planificados, olvidando además el significado de la “i” de innovación tecnológica), en ocasiones por el establecimiento de un umbral impuesto por los técnicos de la empresa demasiado elevado (considerando únicamente los desarrollos verdaderamente disruptivos con respecto al estado del arte, más allá de si son planificados o desarrollados en el negocio), o simplemente por el mero desconocimiento de las definiciones incluidas en el artículo 35 de la TRLIS, muchas de las empresas no se adentran en este dispositivo fiscal, a pesar de haber desarrollado proyectos de I+D+i con arreglo a las definiciones contempladas y que son por tanto deducibles, aunque no sean conscientes de ello.

Es necesario por tanto contribuir a un mayor –y mejor- conocimiento aplicado en la empresa del significado de la I+D+i, de sus definiciones y marcos de actuación, para poder llevar al plano de consciencia las actividades innovadoras que están llevando a cabo, y con ello integrarlas en la estrategia de la organización mejorando con ello su competitividad y posicionamiento.

CONCLUSIÓN

El espectro de ayudas y dispositivos habilitados en nuestra legislación en materia de I+D+i para reducir el riesgo tecnológico asociado a estas actividades es amplio y atractivo, lo que debe resultar interesante para las empresas privadas de cara a afrontar nuevos desafíos y estrategias innovadoras. Aumentar el conocimiento de estos dispositivos, interactuar y colaborar más estrechamente con todos los agentes implicados en el proceso contribuirá a eliminar estas barreras de entrada, fortalecer el conocimiento interno, estructurar su operativa y, como consecuencia de ello, fomentar su utilización de cara a minorar los riesgos económicos asociados, lo que redundará en el beneficio de las empresas y de la sociedad en su conjunto.

Al margen de las razones esgrimidas, es un hecho que el porcentaje de empresas que han declarado deducciones por actividades de I+D+i en las declaraciones del IS es pequeña (un 1,9% del total de declarantes en 2010, según los últimos datos publicados por la AEAT, con un importe de 293.367M€), por lo que el recorrido que tienen estos dispositivos todavía es elevado.

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Fotografía: David Bailey, bajo licencia CreativeCommons

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