Archivo de la etiqueta: Compra pública innovadora

La Asociación para la Innovación

La asociación para la innovación es un nuevo tipo de procedimiento para la contratación innovadora que se contempla en la Directiva de Contratación Pública aprobada el 15 de enero de 2014 por el Parlamento Europeo, accesible a los poderes adjudicadores «cuando las soluciones ya disponibles en el mercado no puedan satisfacer una necesidad en relación con el desarrollo de productos, servicios u obras innovadores y la adquisición ulterior de los suministros y servicios u obras resultantes». A lo largo de estos meses se han ido publicando diversos informes explicando su funcionamiento y estructura, que iremos intentando desgranar y sintetizar este nueva nueva estructura.

En las asociaciones para la innovación, las empresas y entidades podrán participar en los procesos de licitación con con el fin de establecer una asociación estable, coordinada y estructurada para el desarrollo de nuevos productos, servicios u obras innovadores y la compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de rendimiento y los costes acordados.

Esta asociación deberá estructurarse en etapas sucesivas siguiendo la secuencia de las etapas del proceso de investigación e innovación, culminando en la mencionada fabricación de los suministros o la prestación de los servicios. Se fijarán asimismo los objetivos intermedios que deberá alcanzar el socio y el correspondiente pago de la retribución en plazos adecuados. Sobre la base de esos objetivos,el adjudicador podrá decidir después de cada etapa terminar la asociación e iniciar un nuevo procedimiento de contratación para las etapas restantes, siempre que haya adquirido los derechos de propiedad intelectual e industrial pertinentes.

Aunque aparentemente se encuentran muchas similitudes con la compra pública precomercial, existen diferencias sustanciales entre ellas, como apuntan en el OBCP:

  1. La asociación para la innovación está reconocida entre los procedimientos de contratación típicos en los artículos 24 y 29 de la Propuesta. La contratación precomercial fue expresamente excluida del ámbito de aplicación de la normativa contractual comunitaria (artículo 16 f) de la Directiva 2004/18/CE).
  2. La asociación para la innovación contiene un solo procedimiento dividido en dos fases principales. Por el contrario, el punto y final de la contratación precomercial en el diseño de los bienes o servicios reclamados por el órgano de contratación. Su producción o prestación se licitará en un procedimiento separado.
  3. En la asociación para la innovación, al ser único el procedimiento, el socio que presente la mejor oferta tecnológica será el adjudicatario de la obra, suministro o servicio. La contratación precomercial admite en la licitación de los productos finales ofertas de otros candidatos sumados a los que superaron la fase precomercial.
  4. En su primera fase (precomercial), la asociación se equipara a una contratación precomercial de grado mínimo, puesto que la tecnología buscada o ya existe –y pretende mejorarse– o es factible desarrollarla con éxito en breve plazo. Pero en su segunda etapa (comercial o contractual) la naturaleza del contrato vendrá determinada por el tipo de producto final requerido por el órgano de contratación («su- ministros, servicios u obras resultantes»; artículo 29.2).
  5. Distinta imputación subjetiva de riesgos y beneficios a las partes. La asociación es una figura intermedia entre los contratos públicos al uso y la contratación precomercial.

Esta Directiva está a día de hoy pendiente de transposición, por lo que habrá que esperar para su aprobación y incorporación definitiva al marco legislativo nacional. En próximos posts nos seguiremos acercando a esta nueva figura para seguir familiarizándonos con ella.

Deja un comentario

Archivado bajo Financiación

Compra Pública Innovadora. Instrumentos.

Después de un primer post en el que hicimos un rápido repaso de su naturaleza, objetivos e instrumentos principales, nos pararemos en esta ocasión en los instrumentos habilitados para incentivar la colaboración público-privada en esta materia, intentando posteriormente analizar las posibles causas que han impedido que hasta la fecha seauna herramienta realmente eficaz.

Recordamos que la compra pública innovaora (CPI) es un mecanismo propuesto por la Administración Pública para impulsar la actividad innovadora llevada a cabo por el sector empresarial, de forma complementaria al resto de iniciativas que conforman el mapa de ayudas en esta materia, dado que actualmente cada euro invertido por la Administración tiene un retorno de unos 3,5 céntimos, calculado en términos de cash-flow a partir de datos del INE y del Banco de España, lo que se muestra como insuficiente. La CPI se realiza a través de dos vertientes: desde la creación e impulso de la demanda de soluciones innovadoras (“market pull”) por parte de los gestores públicos a través de la licitación de los contratos de compra pública innovadora, como estimulando la generación de oferta (“technology push”) por parte de las empresas que compiten en los procesos de licitación, contribuyendo a la minoración del riesgo (tanto tecnológico como financiero) y facilitando la presentación de las ofertas.

De forma práctica, este mecanismo se puede articular a través de dos líneas: la compra pública de tecnología innovadora (CPTi) o de la compra pública precomercial (CPP).

Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTi)

En primer lugar, se puede definir la CPTi como aquella compra pública de un bien o servicio que no existe en ese momento, pero que se prevé desarrollarse en un plazo de tiempo razonable. Esta compra se puede articular mediante los instrumentos anteriores, fundamentalmente a través de los dos primeros.

La CPTi consta de dos planos específicos y complementarios; por un lado se encuentra la compra directa del bien o servicio, y por otro lado la financiación de las fases de I+D asociadas al proyecto y que son claves para poder llegar a obtenerlo. Por ello estos dos ámbitos de actuación deben estar suficientemente claros y delimitados, además de encontrarse perfectamente sincronizados, así como mantener la independencia entre ambos, de modo que la financiación del proyecto no supone en ningún caso la adjudicación del contrato.

Se articula habitualmente mediante los procedimientos ordinarios de contratación o mediante la fórmula de diálogo competitivo:

Procedimientos ordinarios de contratación mediante LCSP.

El instrumento más evidente es recurrir a los vigentes procedimientos en materia de colaboración, desarrollados en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) a través de las figuras de concurso abierto, restringido, negociado, etc. De esta manera no se introduce ninguna figura añadida, y estos procedimientos pueden plantear esta colaboración introduciendo en el pliego de cláusulas administrativas determinados criterios de valoración que primen la actividad innovadora, normalmente con una relación directa con el objeto del contrato, tales como contenido de I+D en su desarrollo, porcentaje del precio que representa el desarrollo del bien, posibles patentes, plazo de desarrollo, etc.

En este caso se puede incorporar al procedimiento de contratación la financiación del proyecto de I+D por parte de una entidad financiadora de I+D.

Contrato de colaboración a través del procedimiento de dialogo competitivo.

Este instrumento se articula únicamente en caso de que el anterior no pudiera dar una adecuada respuesta, normalmente con contratos particularmente complejos.

Además de incluir la información correspondiente en el anuncio de contratación y en los documentos asociados, se deben incluir los apartados correspondientes a la financiación de las actividades de desarrollo del proyecto de I+D.

Este procedimiento se desarrolla en 5 fases, que se desarrollan a continuación:

Fase_0: CDTI informa a la Entidad Contratante de las condiciones y características de la ayuda, para poder estimular la introducción de la financiación en el procedimiento.

Fase_1: La Entidad Contratante publica la convocatoria incluyendo las condiciones de financiación de CDTI para el desarrollo de las actividades de I+D correspondientes al objeto del contrato, así como a los plazos y criterios de evaluación de CDTI. Esta solicitud no es en ningún caso obligatoria para la presentación de la oferta.

Fase_2: La Entidad Contratante selecciona una serie de candidatos de entre todas las ofertas recibidas. En esta fase, el papel de CDTI es orientar a las empresas en la estructuración del proyecto de I+D y cómo engranar estas actividades en el bien objeto de la licitación.

Fase_3: Los candidatos que deseen financiación CDTI presentarás sus solicitudes de financiación en tiempo y forma, según lo establecido en el pliego. CDTI tiene un procedimiento de evaluación acelerado para estos casos.

Fase_4: CDTI comunicará su aprobación/desestimación de la financiación a los candidatos, así como sus condiciones, en los plazos publicados en la convocatoria del concurso con margen suficiente para que los candidatos puedan elaborar su oferta final ante la Entidad Contratante.

Fase_5: Se firma la ayuda CDTI-candidato, siendo completamente independiente de la adjudicación del concurso. Las condiciones de información, seguimiento, justificación, etc., serán las habituales en una ayuda de este organismo.

El Servicio Catalán de Salud, Red.es, Osakidetza o Enusa son algunas de las entidades que han desarrollado procesos de CPTi.

Compra Pública Precomercial (CPP)

Se trata de una variante de la anterior, centrándose en el tercer instrumento, en la que la Entidad Contratante realiza una compra de los servicios íntegros de I+D, sin reservarse para su propio uso estos resultados en exclusividad, sino que lo comparte el riesgo con las empresas que lo desarrollan en condiciones de mercado. Estos contratos no se encuentran sujetos a la LCSP (aunque se deben mantener los principios de publicación, concurrencia, transparencia, confidencialidad, etc., y su objetivo de fondo es fortalecer la base tecnológica de las empresas –fundamentalmente pymes- cubriendo la fase del denominado “death valley”, o plazo comprendido desde la detección de una oportunidad tecnológica hasta que llega al mercado.

Este caso se circunscribe exclusivamente, tal y como hemos mencionado en el párrafo anterior, a actividades de I+D desde la exploración y diseño básico hasta la producción precomercial.

La CPP se articula en dos fases:

Fase_0: La Entidad Contratante detecta y define las especificaciones y requerimientos del problema a resolver. En ese momento abre una convocatoria de solicitudes de propuestas para que los ofertantes puedan plantear sus soluciones.

Fase_1: La Entidad Contratante realiza una evaluación seleccionando determinadas propuestas, y realiza la adjudicación de los correspondientes contratos de estudio de viabilidad. El número de adjudicatarios y las condiciones son específicos de cada convocatoria.

Fase_2: A partir de lo anterior, la Entidad Contratante seleccionará un número reducido de propuestas financiadas en la Fase_1, con el objetivo de desarrollar la fase de investigación aplicada y desarrollo experimental.

La Universidad de Córdoba o el Ministerio de Defensa han recurrido ya a esta figura para la compra de diversos equipos y máquinas.

Principales barreras de entrada para el desarrollo de la CPI.

A pesar de las ventajas que ofrece la compra pública innovadora, en cuanto a la existencia de un marco regulatorio favorable, tanto a nivel nacional (con la LCSP o la Ley de Ciencia) como europeo (la Pre-Commercial Procurement”- de Horizonte 2020), o la distribución de riesgos para la puesta en marcha de proyectos innovadores o incluso la posición privilegiada de la Administración como “evangelizador” de las nuevas tecnologías nacionales, es cierto que es un dispositivo que no ha terminado de arrancar en estos años. Algunas de las razones pueden ser las siguientes:

  • Caída de la inversión pública a causa de la crisis, pasando de los 43.646M€ de 2007 a 18.151 en 2012, o dicho en ratio sobre PIB, de cerca del 5% al 1,7% lo que dificulta la penetración de esta nueva operativa y la intensidad de este market pull.
  • Inv_PubLa Administración Pública es tradicionalmente conservadora y opta por tecnologías muy contrastadas y maduras; vencer esta resistencia al cambio no es algo sencillo y desde luego tendrá su tiempo y sus procesos internos de pedagogía. Esta razón permite, junto con lo anterior, explicar los casos puntuales de CPI registrados hasta el momento como los promovidos por ENUSA, Puertos del Estado, Smart Coruña, Osakidetza o Plocan (en el caso de CPTi), y la Universidad de Córdoba, Ministerio de Defensa (en CPP).
  • La actual coyuntura socioeconómica presenta un importante efecto sobre la propia actividad innovadora de las empresas privadas hacen que el volumen de proyectos de I+D sea menor, y con ello la potencial intensidad del llamado “technology push”. Según la estadística sobre actividades de I+D del INE publicada el pasado 14 de noviembre de 2013, la tasa de variación del gasto privado en 2012 sigue en negativo por tercer año consecutivo (un -4,1% en 2012), alcanzando los 7.000M€ de gasto:

gastoIDi

  • El mecanismo de la compra pública innovadora no se ha interiorizado suficientemente bien en las empresas privadas, ya que en general desconocen su existencia o la consideran demasiado compleja para apostar por ella. Además se unen las dudas sobre la propiedad del conocimiento generado, o las incertidumbres que rodean a la transmisión y publicidad de los proyectos objeto de la compra.
  • El dispositivo no cuenta con un actor que actúe realmente como correa de transmisión entre los actores principales del sistema, esto es, las empresas y la administración. Las asociaciones, agrupaciones sectoriales y las empresas consultoras (dado su cercanía a ambos agentes, conocimiento de la industria y de las estrategias de I+D públicas y privadas) pueden ser agentes fundamentales para convertirse en catalizadores y vencer este “rozamiento estático” que está dificultando su puesta en práctica.

________________________________

Muchas gracias a Aitor Veiga por su inestimable ayuda en la realización de este post.

Deja un comentario

Archivado bajo Financiación, Innovación

Ventajas de la capitalización del conocimiento generado por I+D+i en empresas del sector construcción

Durante los años 80 y, sobre todo, durante el periodo de expansión en la actividad inmobiliaria y de desarrollo de infraestructuras experimentado en España, se fueron creando grandes grupos diversificados en torno a las principales empresas constructoras, apostando por un criterio fundamental de diversificación en sus operaciones y en el ámbito geográfico. De esta manera, fueron invirtiendo en nuevas áreas de negocio (energía, servicios, transportes, medio ambiente, etc.) apalancándose en el negocio constructor.

Sin embargo, el periodo de crisis iniciado en 2008 ha supuesto la puesta en marcha de una necesaria reestructuración de sus actividades, derivado de la progresiva contracción en la inversión pública en infraestructuras y privada en el inmobiliario. Esta situación ha obligado a las empresas a impulsar de forma muy importante su actividad internacional mientras mantienen una feroz competencia en el mercado nacional.

La previsión en los próximos años en el ámbito nacional es de mantenimiento de la inversión, tal y como se contempla en el Plan de Infraestructuras y Viviendas (PITVI) 2012-2024 presentado por el Ministerio de Fomento en el mes de septiembre, en el que se contempla que la inversión se mantendrá entre el 0,89 y el 0,94% del PIB, esto es, entre 8.900 y 9.400 millones anuales, lo que obliga a una potenciación de la estrategia de reinvención, diversificación y vocación internacional.

Evolucion_inversion_PIB

Figura 1: Inversión estimada en relación con el PIB en diferentes escenarios. Fuente: DG de Programación Económica y Presupuestos. MFOM

En este contexto cobra todavía más importancia –si cabe- el desarrollo de estrategias basadas en el desarrollo de actividades de I+D+i, planificada y no planificada, que las empresas de este sector lleva a cabo para mejorar la eficiencia de los procesos, desarrollar nuevas soluciones y huir del peligro de la indiferenciación y la pérdida de protagonismo del sector. Esta circunstancia se plasma en el hecho de que el sector construcción ha invertido en 2011 más de 444M€, lo que supone el 4,1% de la inversión en I+D+i de todo el área de Industria en 2011 (datos INE),

Por todo ello, esta labor de poner en valor todo el conocimiento adquirido por la empresa al llevar a cabo actividades de I+D+i cobra vital importancia para poder afrontar con garantías estas nuevas reglas del mercado. Pero además conlleva otra serie de beneficios que están cobrando cada vez más importancia, dada la actual situación de las empresas del sector.

Estos dispositivos habilitados por las administraciones públicas se estructuran bajo políticas de oferta y políticas de demanda. A continuación se citan algunas de las principales herramientas:

Políticas de oferta

El objetivo de estas políticas pivotan sobre la necesidad de estimular la creación de nuevos productos y servicios, así como la mejora sustancial de los ya existentes. Para lograrlo, las empresas pueden acceder a estos mecanismos para disminuir el riesgo económico asociado a la ejecución de proyectos de I+D+i:

Deducciones fiscales por actividades de I+D+i

Se trata de la aplicación de deducciones fiscal entre el 12% y hasta el 42% de la base del presupuesto. Viene definido por el artículo 35 de la TRLIS. Para aplicarlo, se puede recurrir a la certificación por parte de entidad certificadora o bien aplicarlo a través de autoliquidación. En el articulado se definen las características que deben cumplir los proyectos para poder ser considerados como investigación y desarrollo, o bien como innovación tecnológica.

Los límites máximos de aplicación que se establecen es el 25% de la cuota íntegra minorada con carácter general, pudiendo ser el 50% cuando el importe de la deducción prevista por las actividades de I+D+i excedan el 10% de la cuota íntegra.

Deducciones fiscales por la cesión de activos intangibles

En los últimos años, la relevancia de este dispositivo (también denominado patent box) ha crecido en importancia, debido al tratarse de una operativa habitual entre empresas, y también que se trata de deducciones en base y no en cuota.

Básicamente se trata de la posibilidad de aplicarse la deducción por la cesión de los activos intangibles a terceros, como patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, etc., tal y como se define en el artículo 23 de la TRLIS.

El apartado formal en este caso cobra notable importancia, ya que el patent box solamente es aplicable por la cesión del know how, quedando fuera las labores de asistencia técnica y demás servicios anexos que no correspondan a la cesión propiamente ficha.

A la hora de evaluar la posibilidad de aplicar este dispositivo, es importante recalcar que está permitida la cesión intragrupo, así como que no es requisito indispensable que el conocimiento cedido forme parte del activo como inmovilizado intangible.

Aumento del límite de deducibilidad de gastos financieros

A raíz de las nuevas medidas tributarias y modificaciones aprobadas en el mes de abril de 2012, en la que se establece un nuevo límite establecido en la deducibilidad de gastos financieros del 30% del beneficio operativo (con un mínimo de 1M€) -sustituyendo la regla anterior de subcapitalización-, es posible recurrir a la activación de gastos como mecanismo efectivo para aumentar este límite, lo que constituye una importante ventaja competitiva para las empresas.

Además, el Plan General Contable (PGC) establece que los gastos de desarrollo se deben activar obligatoriamente en caso de que se cumplan las siguientes tres características:

–          Existen motivos fundados de éxito comercial.

–          Hay visos de rentabilidad futura del proyecto, ya sea a través de ventas directas o de replicabilidad interna.

–          La financiación para la realización del proyecto está asegurada.

De esta manera, estos gastos pasan de registrarse como gastos del ejercicio a activo del inmovilizado intangible, mejorando con ello la imagen en el balance de la empresa y de la información individualizada en la Memoria Anual.

Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios

El artículo 42 de la TRLIS modificado en marzo de 2012 establece un límite del 25% a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios. Los elementos patrimoniales objeto de la reinversión pueden ser los pertenecientes al inmovilizado intangible, como los correspondientes a la I+D.

De esta manera se pueden contemplar los proyectos de I+D llevados a cabo tanto de forma planificada como no planificada, como mecanismo de reinversión de los beneficios extraordinarios obtenidos.

Los elementos patrimoniales transmitidos que pueden generar estos beneficios pueden ser, por ejemplo, inversiones inmobiliarias, valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios, etc.

Por tanto se trata de otra ventaja derivada de la activación de gastos de I+D, que deben cumplir con los criterios de activación establecidos por el PGC.

Políticas de demanda

Por otro lado, las administraciones han articulado mecanismos de impulso de la demanda de tecnología, como aspecto fundamental a la hora de generar un sólido tejido tecnológico. De esta manera se están llevando a cabo diversas iniciativas y dispositivos que contribuyen a mejorar la adquisición e incorporación de nuevas soluciones tecnológicas al sistema productivo:

Compra pública innovadora

Desde las administraciones públicas se están poniendo en marcha líneas de impulso de la innovación empresarial trabajando desde dos ámbitos. Por un lado se incrementa la demanda de nueva tecnología sacando a licitación contratos de compra pública innovadora (siguiendo un método market pull), y por otro lado, como criterio de valoración en procedimientos de contratación (basado en el método science push), lo que conlleva a estimular el aumento de la oferta.

Así pues se puede reducir la incertidumbre de los proyectos de I+D+i y la mejora del retorno, lo que en definitiva se puede traducir en análisis de la viabilidad de los proyectos.

Dentro de esta línea se puede mencionar el programa INNODEMANDA, gestionado por CDTI, que financia la oferta tecnológica que pueda concurrir a los procesos de compra pública innovadora. En este caso CDTI financia el coste de la innovación para tratar de equiparar el coste de la nueva tecnología a la de soluciones ya contrastadas, de forma que resulte una alternativa atractiva para las administraciones públicas a la hora de incluirla en los procesos de licitación.

Deducibilidad de la compra de tecnología en actividades de I+D+i

Dentro de las deducciones por actividades de I+D+i, la legislación permite incluir en la base de deducción la adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, know-how y diseño. De esta forma se pretende conseguir un aumento en la demanda privada de soluciones basadas en I+D+i. De esta manera se trata de fortalecer el sistema ciencia-tecnología-empresa, puesto que es el propio mercado quien se convierte en prescriptor, auspiciado por la consideración de gasto deducible.

Estos dispositivos y herramientas, junto con otros mecanismos de financiación de proyectos, explotación de resultados, transmisión de conocimiento, capitalización del know-how, generación de spill-overs, etc., son cuestiones capitales a la hora de maximizar las ventajas de la puesta en marcha y consolidación de una estrategia innovadora en las empresas, de cara a garantizar su posicionamiento y capacidad de respuesta en un entorno dinámico y de fuerte competitividad global.

Deja un comentario

Archivado bajo Construcción, Financiación, Fiscalidad, Innovación

Primer acercamiento a la Compra Pública Innovadora

Desde las administraciones públicas -fundamentalmente Mineco- se están poniendo en marcha líneas de impulso de la innovación empresarial trabajando desde dos ámbitos fundamental. Por un lado se incrementa la demanda de nueva tecnología sacando a licitación contratos de compra pública innovadora (siguiendo un método market pull), y por otro lado, como criterio de valoración en procedimientos de contratación (basado en el método science push), lo que conlleva a estimular el aumento de la oferta.

Las licitaciones de la compra son publicadas en el portal Web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) https://contrataciondelestado.es en el que han habilitado la búsqueda de compra pública de tecnología innovadora y de compra pública precomercial.

Así pues, a través de la utilización de esta herramienta  se puede reducir la incertidumbre de los proyectos de I+D+i y la mejora del retorno, lo que en definitiva se puede traducir en mayor estímulo de la capacidad innovadora de las empresas y una mayor viabilidad en el análisis de los proyectos.

Dentro de esta línea se puede mencionar el programa INNODEMANDA, gestionado por CDTI, que financia la oferta tecnológica que pueda concurrir a los procesos de compra pública innovadora. En este caso CDTI financia el coste de la innovación para tratar de equiparar el coste de la nueva tecnología a la de soluciones ya contrastadas, de forma que resulte una alternativa atractiva para las administraciones públicas a la hora de incluirla en los procesos de licitación.

Deja un comentario

Archivado bajo Financiación, Innovación

Resumen de jornada técnica: Actualidad de la financiación de la innovación

Jornada organizada por la entidad certificadora EQA que contaba con la participación del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

La primera parte de la jornada corrió a cargo por Jose María Peláez Bravo,  de la subdirección general de Fomento de la Innovación Empresarial, en cuya ponencia “Financiación de la innovación: herramientas y novedades” hizo un repaso de las herramientas existentes para estimular el desarrollo de actividades de I+D+i y la situación actual de las empresas.

Desde el Mineco han constatado que a día existe todavía un gran número de empresas que no recurren a las deducciones fiscales por I+D+i , principalmente por desconocimiento de su existencia, en la dificultad en su identificación y calificación de su naturaleza, las barreras internas en la empresa para su gestión, y la creencia de que es necesario una unidad de I+D para llevarlas a cabo. Este fue uno de los motivos por los que se creó INNCORPORA, para que tecnólogos pudiesen desarrollar una tarea de gestión de los proyectos de I+D+i en las empresas privadas.

Otra cuestión que ha planteado es la estimación por parte del Mineco de una bolsa superior a 1.000M€ de crédito fiscal no aplicado por insuficiencia de cota. Por esta razón, están estudiando actualmente la posibilidad de cesión de cuota, en el que una empresa con crédito fiscal y poca liquidez pueda ceder el derecho de deducción  a otra empresa con posibilidad de aplicarse esta deducción. Lo consideran como un producto de inversión financiera privada-privada.

Así pues, se podrá parametrizar y acotar esta venta de deducciones fiscales generadas y no practicadas, garantizadas en todo caso a través de un informe motivado vinculante (IMV). Se estima que se podrá ejecutar esa venta dos años después de la emisión del IMV. En principio, y a modo de primera hipótesis planteada, Mineco propone que el 50% del precio de transación (liquidez para el vendedor), el 30% la tributación de la herramienta, y el 20% de beneficio para el comprador (destaca en este punto la alta rentabilidad del producto). Está por definir todavía el canal, el mecanismo de control para que no se produzcan reventas, duplicidades, etc. y por supuesto el visto bueno de la Agencia Tributaria.

En cuanto a las deducciones fiscales, confirmó que a día de hoy continúa en suspensión temporal el cambio de límite de cuota al no estar aprobados la ley de presupuestos.

En cuanto al proceso de IMV, volvió a reiterar la necesidad de certificar previamente los proyectos para iniciarse el proceso, salvo el caso de los INNPACTO, en el que se hizo una experiencia piloto que no ha sido muy positiva, y que se está estudiando la posibilidad de no continuar con ella, ya que se están encontrando con problemas operativos importantes. Así que, aunque algunas CCAA están interesándose por este mecanismo, el Mineco está valorando eliminarlo.

Debido a los problemas existentes en la elaboración y validación de los xml, Mineco esperará hasta el mes de septiembre para emitir el requerimiento formal definitivo (estaba previsto para junio).

Ya en relación con el patent box, se volvió a expresar la doble interpretación en el límite de aplicación, sin que todavía exista una respuesta definitiva. También se pudo cuestionar el posible exceso de celo en la exclusión de los programas informáticos del artículo.

La UNE 166008 relacionada con el cálculo de precios de transferencia se encuentra ahora en proceso de consulta pública.

Actualmente cada certificadora está desarrollando su propio procedimiento de certificación, y posteriormente se consensuará dentro de la mesa de trabajo donde se encuentran todas las certificadoras, Mineco y posteriormente se espera la participación de ENAC.

Sobre compra pública innovadora no se avanzó nada nuevo, el acuerdo en consejo de ministros de establecer en un 3% del gasto en inversión en nueva tecnología que no esté en catálogo. Y podrá estar financiado a través de Innodemanda (CDTI) e Innocompra (CCAA).

Por último, en el campo de convocatorias de ayudas, confirmó que se presentarán las 4 del año pasado: INNPACTO, INNCORPORA, INNFLUYE, INNPLANTA.

Además, habrá línea ICO (circulante e inversión), ley de emprendedores (JEI, donde se está estudiando que la certificación del sistema de gestión sea un criterio de valoración) para septiembre, y plan de transferencia de tecnología (siendo optimistas para finales de este año).

Deja un comentario

Archivado bajo Deducciones, Financiación, Innovación