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El sector Construcción (BTP) en Francia

Francia es uno de los principales referentes mundiales en cuanto a la actividad constructora. Varias de las principales empresas a nivel mundial pertenecen a este país y tienen una importante vocación internacional. Por esta razón, en este post trato de realizar una primera fotografía de su actividad y situación actual, en este contexto de crisis e incertidumbre económica.

A nivel general, y tomando como base el informe European Powers of Construction publicado por Deloitte, Francia es el país europeo con mayor actividad económica en el año 2011, cuyas empresas situadas en el “top50” presentan unas ventas totales de 83.394M€, incluyendo todas sus áreas de actividad. Vinci se mantiene como la principal empresa europea por capitalización de mercado (número 4 en la clasificación global según ENR), situándose Bouygues como la tercera (6 según ENR) y Eiffage como la número 16.

Tabla1

La tendencia prevista para el año 2012 y 2013 es el de un ligero repunte, estimado en el 0,6% (según informe EPoC 2011), manteniéndose en el segundo país constructor en cuanto a volumen de inversión, justo detrás de Alemania, representando ambos un 60% del total, según las mismas fuentes.

Edificación

En el ámbito de la edificación, y según los últimos datos del INSEE (Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos) correspondientes al año 2011, la actividad en este ámbito se encuentra en una posición estable, con un valor añadido de las actividades relacionadas con la edificación y promoción inmobiliaria creció un 0,1%, después del mal resultado del año 2010, en el que se experimentó un descenso del 5,2%. Esta tendencia se mantiene también en el caso de obra civil. Esta cifra debe contextualizarse en un momento de grave crisis económica global, comparándose por tanto con los datos de la zona euro (donde ha descendido un 1,1%) o en la UE-27 (donde ha aumentado un 0,7).

A pesar de estos datos aparentemente buenos, el empleo en este sector sigue contrayéndose en 2011 en un 0,6%, manteniendo la tendencia iniciada en el año 2008. Sin embargo, no se puede hablar de una caída significativa del empleo, sino de una consolidación y pequeños ajustes después de la época de crecimiento ocurrido entre 2000 y 2010.

Fig_1

En el año 2011, las autorizaciones para construir han aumentado por segundo año consecutivo (+12%). Las puestas en obra, cuya evolución se encuentra ligeramente decalado con respecto a las autorizaciones –por razones obvias-, aumentaron asimismo en un 10%. El número de viviendas terminadas.

En cuanto a la obra civil, según las estadísticas que ofrece el FNTP en julio de 2013, se observa un cambio de la tendencia alcista sufrida después de la caída de 2008. Sin embargo, esta caída sigue controlada en torno al 2%.

Fig_2

Obra Civil

La cifra de negocios se situó en el año 2011 en 40.527,1M€, según los últimos datos ofrecidos por la FNTP, que representaba una caída del 0,2% con respecto al año  2010. Este ratio no se ha mantenido constante en todos los trabajos, sino que su comportamiento ha sido diferente, sobre todo en aquellas actividades relacionadas con la edificación:

Tabla2

En el mercado exterior, la UE sigue siendo el destinatario de casi la mitad de toda la actividad exterior francesa. En el segundo nivel se encuentra en África y en América del Norte, con más de un 16%. Al igual que ocurre en España, en Francia se está volcando el interés en los países emergentes, conjugando su potencial de crecimiento, nivel de actividad y posibilidad de implantarse a medio y largo plazo.

Fig_3

En cifras absolutas, el año 2011 se cerró con 22.900M€ en el exterior, lo que supone un 56,5% del total de su actividad, un 0,4% menos que en el año 2010. En Europa, la actividad se está apalancando en Alemania y Reino Unido, que son los países que más están aguantando el impacto de la crisis. América del Norte sigue creciendo gracias a los planes de desarrollo de infraestructuras de Canadá y Estados Unidos, mientras que África sigue disminuyendo su actividad por tercer año consecutivo, a causa de la competencia china entre otros factores; aunque Marruecos sigue siendo uno de los principales clientes con 575M€.Fig_4

El mercado asiático continúa con la senda alcista iniciada en 2009. Fundamentalmente se debe a la gran capacidad técnica y expertise de las empresas en la ejecución de obras singulares y obras hídricas, a pesar de las dificultades para entrar en el mercado chino e indio, por ejemplo. En América Latina la actividad ha caído un 14% , con una cifra total de 1,3M€, manteniéndose en el ámbito de la ejecución y explotación de obras hídricas. La llegada de grandes y numerosos competidores a este continente explica en cierto modo este bajo ratio de actividad. Finalmente, en Oceanía continúa su progresiva expansión, alcanzando en 2011 los 880M€, sobre todo gracias a Australia y Papúa-Nueva Guinea.

Es habitual que las empresas francesas integren el diseño, desarrollo de la solución, la ejecución y construcción de los trabajos y la explotación de la infraestructura.

Fig_5

Según la rama de actividad, la obra civil representa un 42,9% del total, gracias al know-how, experiencia y potencial de las empresas francesas.

Innovación

Por último, desde el punto de vista de la capacidad innovadora de las empresas del sector, entre 2008 y 2010 las empresas con actividades innovadoras es del 40%, llegando a las 9.668 empresas, lo que representa un 16% del total. Sin embargo, a nivel de deducciones fiscales por I+D (CIR), el papel de este sector es muy poco significativo, encuadrándose en otros sectores, cuyo peso es del 1,9% (unos 98M€ de deducción) en el año 2011, según el informe publicado en julio de 2013 por el MESR (Ministère de l’Enseignement Supèrieur et de la Recherche).

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El Patent-Box en las empresas constructoras internacionalizadas

Foto de la setmana 25/01/2013 (4) - Construcció del túnel de la L9 del metro.JPG

Desde principios de la década de los 90, y sobre todo a partir del comienzo del nuevo milenio, hemos asistido a una progresiva diversificación de las líneas de negocio de las empresas constructoras (desarrollando sobre todo líneas basadas en las energías renovables, agua, y concesiones), así como también una salida al exterior en búsqueda de nuevos mercados anticipándose a un -entonces- presumible cambio de tendencia y por una cuestión de minoración de riesgos y aprovechamiento de nuevas oportunidades, tal y como muestra la siguiente gráfica:

evolucion

Estas circunstancias son las que nos llevan a la situación actual, en la que las empresas españolas tienen presencia activa a lo largo de todo el planeta, teniendo sociedades en los países donde están desarrollando su actividad, y representando su mercado exterior ya más del 60% de su facturación en este área, tal y como se refleja a continuación:
distrib

Las empresas españolas han sabido aprovechar esta circunstancia y se encuentran bien posicionadas en el mercado internacional, como demuestra el hecho de que en la lista publicada por ENR-Construction de las 225 principales empresas constructoras en 2012, ya hay 9 españolas (siendo ACS la número 2). Esto es posible gracias a una fuerte vocación internacional, apostando por extender su know-how de forma global, lo que implica tener una gran capacidad y agilidad en el establecimiento de sus centros, rápida inmersión -a todos los niveles- en los países de destino y, por supuesto, una eficiente transmisión del conocimiento a través de sistemas de comunicación multicanal,  para poder llevar a cabo la actividad de las empresas. En la siguiente tabla se muestra la contratación y facturación en los dos últimos años:

areas

Este movimiento irreversible seguirá potenciándose en los próximos años debido a la debilidad de la demanda interna. Según ha publicado el Banco de España en marzo de 2013, la inversión interna en construcción caerá un 10,1% en 2013 y en 2104 un 2,5%. Estos datos son corroborados por el informe publicado por SEOPAN en mayo, constatando que el consumo privado ha descendido en 2012 un 3,1%, el público en un 3,7% y la inversión en un 7,6% (debido fundamentalmente a los retrocesos en bienes de equipo, inversión residencial y en otros edificios y construcciones).

Esta actividad puede acarrear diversas limitaciones en la aplicación de los incentivos fiscales existentes en la actualidad, en función de la estrategia y estructura de la empresa en este contexto. En el ámbito de la I+D+i está cuestión adquiere una importancia capital, habida cuenta de la actual permeabilidad en las fronteras del conocimiento de la empresa, en la línea del paradigma de la innovación abierta desarrollada definido por Henry W. Chesbrough, y del fenómeno de la globalización de la innovación desarrollada por Archibugi et al., que la establecen en tres niveles: la explotación internacional de la tecnología (que incluye la concesión de licencias y patentes o la cesión de activos), la colaboración internacional en ciencia y tecnología (relacionado directamente con la I+D+i de carácter planificado), y la generación global de innovaciones (fundamentalmente la adquisición de conocimiento).

Así pues, por un lado estas empresas se pueden ver encorsetadas por la imposibilidad de recurrir a los dispositivos fiscales relacionados con la I+D+i al tener su actividad en el exterior (aún cuando gran parte del conocimiento que se genera se produce en los centros ubicados en España), mientras por otro ven cómo las obras que están llevando a cabo en otros países llevan asociados la generación de numerosos proyectos de I+D+i (tanto planificados como no planificados, siendo éstos superiores en número y volumen a los primeros), por su singularidad, entidad y condiciones de contorno.

Un mecanismo al que pueden recurrir es la reducción de la base imponible por cesión de activos intangibles (denominado “Patent-Box”), desarrollado por la TRLIS en su artículo 23. Este dispositivo permite un reducción en la base imponible de un 50% del importe de cesión (hasta el ejercicio fiscal en el que se supere 6 veces el valor del activo) permitiéndose la cesión intragrupo, lo que resulta muy atractivo en este caso en el que empresas de un mismo grupo se encuentran ubicadas en distintos países.

Según la Ley de Emprendedores presentada el pasado 24 de mayo pretendía impulsar de forma notable su aplicación, pudiendo incluso aplicar el “Patent-box” por activos adquiridos a terceros, pasando la reducción del 50% al 60% o la eliminación del límite actual. Aunque recientemente se haya paralizado su tramitación, es un hecho que se trata de un dispositivo en evolución y desarrollo, tanto en nuestro país como en los de nuestro entorno que lo están incorporando como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Francia o Hungría. En nuestro país, y según los últimos datos publicados por la AEAT correspondientes al año 2010, el sector de la construcción y servicios inmobiliarios se han aplicado este dispositivo obteniendo una reducción cercana a los 5 millones de euros.

De cara a su aplicación es necesario realizar un adecuado estudio del tipo de activo a ceder, del valor del mismo de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del TRLIS, del marco contractual de esta cesión, así como también analizar la rentabilidad de la puesta en marcha de todo el proceso, ya que se deben comprobar los apartados del tipo impositivo del país de la filial, la retención que se les practica a los royalties (la denominada withholding tax) y la posibilidad de aplicar la deducción por doble imposición internacional en la matriz española.

Por último, y dada la creciente actividad de las sociedades establecidas en los países en los que están desarrollando la actividad, esta transferencia de conocimiento y cesión de activos intangibles se está volviendo multidireccional tanto en el seno del grupo como a terceros, con lo que conviene conocer también la posible existencia de este dispositivo en estos países. A continuación se muestra una tabla resumen comparativa, en la que se puede observar además que España presenta uno de los sistemas más atractivos:

areas

Se puede concluir, por tanto, que el “Patent-box” es un dispositivo muy atractivo y con amplio recorrido para las empresas constructoras, dada su situación actual y las perspectivas a corto y medio plazo, pudiendo con ello mejorar la rentabilidad de sus operaciones en el ámbito de la I+D+i –planificada y no planificada-, así como servir de estímulo para el desarrollo de nuevas interconexiones, sinergias y spill-overs entre los diversos agentes implicados.

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Foto: Medi Ambient Generalitat, distribuida bajo licencia CreativeCommons.

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Libertad de amortización de activos mineros

Rio_TintoEl artículo 97 del texto refundido de la Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de febrero, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, presenta un importante beneficio fiscal de aplicación para la actividad minera. Dicho artículo recoge lo siguiente:

1. Las entidades que desarrollen actividades de exploración, investigación y explotación o beneficio de yacimientos minerales y demás recursos geológicos clasificados en la sección C), apartado 1, del artículo 3 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, o en la sección D), creada por la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, que modifica la Ley de Minas, así como de los que reglamentariamente se determinen con carácter general entre los incluidos en las secciones A) y B) del artículo citado, podrán gozar, en relación con sus inversiones en activos mineros y con las cantidades abonadas en concepto de canon de superficie, de libertad de amortización durante 10 años contados a partir del comienzo del primer período impositivo en cuya base imponible se integre el resultado de la explotación, esto es, desde que cada inversión se incorpore a la actividad extractiva.

2. No se considerará entre las actividades mencionadas en el apartado anterior la mera prestación de servicios para la realización o desarrollo de las citadas actividades.

Una vez pasado dicho plazo de 10 años, los importes pendientes de amortizar pasarán a amortizarse según las tablas normalizadas durante el resto de su vida útil.

Los activos mineros que pueden acogerse a estos beneficios son cualquier elemento de esta misma naturaleza relacionado directamente a la actividad minera, salvo los propios yacimientos, los recursos geológicos, la prestación de servicios para la realización de las actividades extractivas (oficinas, vehículos cuyo empleo no pueda justificarse de manera objetiva y exclusiva a la actividad minera, etc.) y los viales interiores.

Es posible que tanto los viales de acceso, la propia mina y activos análogos puedan acogerse a la libertad de amortización, siempre y cuando se pueda justificar de manera objetiva su relación exclusiva y objetiva a la actividad extractiva.

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Ventajas de la capitalización del conocimiento generado por I+D+i en empresas del sector construcción

Durante los años 80 y, sobre todo, durante el periodo de expansión en la actividad inmobiliaria y de desarrollo de infraestructuras experimentado en España, se fueron creando grandes grupos diversificados en torno a las principales empresas constructoras, apostando por un criterio fundamental de diversificación en sus operaciones y en el ámbito geográfico. De esta manera, fueron invirtiendo en nuevas áreas de negocio (energía, servicios, transportes, medio ambiente, etc.) apalancándose en el negocio constructor.

Sin embargo, el periodo de crisis iniciado en 2008 ha supuesto la puesta en marcha de una necesaria reestructuración de sus actividades, derivado de la progresiva contracción en la inversión pública en infraestructuras y privada en el inmobiliario. Esta situación ha obligado a las empresas a impulsar de forma muy importante su actividad internacional mientras mantienen una feroz competencia en el mercado nacional.

La previsión en los próximos años en el ámbito nacional es de mantenimiento de la inversión, tal y como se contempla en el Plan de Infraestructuras y Viviendas (PITVI) 2012-2024 presentado por el Ministerio de Fomento en el mes de septiembre, en el que se contempla que la inversión se mantendrá entre el 0,89 y el 0,94% del PIB, esto es, entre 8.900 y 9.400 millones anuales, lo que obliga a una potenciación de la estrategia de reinvención, diversificación y vocación internacional.

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Figura 1: Inversión estimada en relación con el PIB en diferentes escenarios. Fuente: DG de Programación Económica y Presupuestos. MFOM

En este contexto cobra todavía más importancia –si cabe- el desarrollo de estrategias basadas en el desarrollo de actividades de I+D+i, planificada y no planificada, que las empresas de este sector lleva a cabo para mejorar la eficiencia de los procesos, desarrollar nuevas soluciones y huir del peligro de la indiferenciación y la pérdida de protagonismo del sector. Esta circunstancia se plasma en el hecho de que el sector construcción ha invertido en 2011 más de 444M€, lo que supone el 4,1% de la inversión en I+D+i de todo el área de Industria en 2011 (datos INE),

Por todo ello, esta labor de poner en valor todo el conocimiento adquirido por la empresa al llevar a cabo actividades de I+D+i cobra vital importancia para poder afrontar con garantías estas nuevas reglas del mercado. Pero además conlleva otra serie de beneficios que están cobrando cada vez más importancia, dada la actual situación de las empresas del sector.

Estos dispositivos habilitados por las administraciones públicas se estructuran bajo políticas de oferta y políticas de demanda. A continuación se citan algunas de las principales herramientas:

Políticas de oferta

El objetivo de estas políticas pivotan sobre la necesidad de estimular la creación de nuevos productos y servicios, así como la mejora sustancial de los ya existentes. Para lograrlo, las empresas pueden acceder a estos mecanismos para disminuir el riesgo económico asociado a la ejecución de proyectos de I+D+i:

Deducciones fiscales por actividades de I+D+i

Se trata de la aplicación de deducciones fiscal entre el 12% y hasta el 42% de la base del presupuesto. Viene definido por el artículo 35 de la TRLIS. Para aplicarlo, se puede recurrir a la certificación por parte de entidad certificadora o bien aplicarlo a través de autoliquidación. En el articulado se definen las características que deben cumplir los proyectos para poder ser considerados como investigación y desarrollo, o bien como innovación tecnológica.

Los límites máximos de aplicación que se establecen es el 25% de la cuota íntegra minorada con carácter general, pudiendo ser el 50% cuando el importe de la deducción prevista por las actividades de I+D+i excedan el 10% de la cuota íntegra.

Deducciones fiscales por la cesión de activos intangibles

En los últimos años, la relevancia de este dispositivo (también denominado patent box) ha crecido en importancia, debido al tratarse de una operativa habitual entre empresas, y también que se trata de deducciones en base y no en cuota.

Básicamente se trata de la posibilidad de aplicarse la deducción por la cesión de los activos intangibles a terceros, como patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, etc., tal y como se define en el artículo 23 de la TRLIS.

El apartado formal en este caso cobra notable importancia, ya que el patent box solamente es aplicable por la cesión del know how, quedando fuera las labores de asistencia técnica y demás servicios anexos que no correspondan a la cesión propiamente ficha.

A la hora de evaluar la posibilidad de aplicar este dispositivo, es importante recalcar que está permitida la cesión intragrupo, así como que no es requisito indispensable que el conocimiento cedido forme parte del activo como inmovilizado intangible.

Aumento del límite de deducibilidad de gastos financieros

A raíz de las nuevas medidas tributarias y modificaciones aprobadas en el mes de abril de 2012, en la que se establece un nuevo límite establecido en la deducibilidad de gastos financieros del 30% del beneficio operativo (con un mínimo de 1M€) -sustituyendo la regla anterior de subcapitalización-, es posible recurrir a la activación de gastos como mecanismo efectivo para aumentar este límite, lo que constituye una importante ventaja competitiva para las empresas.

Además, el Plan General Contable (PGC) establece que los gastos de desarrollo se deben activar obligatoriamente en caso de que se cumplan las siguientes tres características:

–          Existen motivos fundados de éxito comercial.

–          Hay visos de rentabilidad futura del proyecto, ya sea a través de ventas directas o de replicabilidad interna.

–          La financiación para la realización del proyecto está asegurada.

De esta manera, estos gastos pasan de registrarse como gastos del ejercicio a activo del inmovilizado intangible, mejorando con ello la imagen en el balance de la empresa y de la información individualizada en la Memoria Anual.

Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios

El artículo 42 de la TRLIS modificado en marzo de 2012 establece un límite del 25% a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios. Los elementos patrimoniales objeto de la reinversión pueden ser los pertenecientes al inmovilizado intangible, como los correspondientes a la I+D.

De esta manera se pueden contemplar los proyectos de I+D llevados a cabo tanto de forma planificada como no planificada, como mecanismo de reinversión de los beneficios extraordinarios obtenidos.

Los elementos patrimoniales transmitidos que pueden generar estos beneficios pueden ser, por ejemplo, inversiones inmobiliarias, valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios, etc.

Por tanto se trata de otra ventaja derivada de la activación de gastos de I+D, que deben cumplir con los criterios de activación establecidos por el PGC.

Políticas de demanda

Por otro lado, las administraciones han articulado mecanismos de impulso de la demanda de tecnología, como aspecto fundamental a la hora de generar un sólido tejido tecnológico. De esta manera se están llevando a cabo diversas iniciativas y dispositivos que contribuyen a mejorar la adquisición e incorporación de nuevas soluciones tecnológicas al sistema productivo:

Compra pública innovadora

Desde las administraciones públicas se están poniendo en marcha líneas de impulso de la innovación empresarial trabajando desde dos ámbitos. Por un lado se incrementa la demanda de nueva tecnología sacando a licitación contratos de compra pública innovadora (siguiendo un método market pull), y por otro lado, como criterio de valoración en procedimientos de contratación (basado en el método science push), lo que conlleva a estimular el aumento de la oferta.

Así pues se puede reducir la incertidumbre de los proyectos de I+D+i y la mejora del retorno, lo que en definitiva se puede traducir en análisis de la viabilidad de los proyectos.

Dentro de esta línea se puede mencionar el programa INNODEMANDA, gestionado por CDTI, que financia la oferta tecnológica que pueda concurrir a los procesos de compra pública innovadora. En este caso CDTI financia el coste de la innovación para tratar de equiparar el coste de la nueva tecnología a la de soluciones ya contrastadas, de forma que resulte una alternativa atractiva para las administraciones públicas a la hora de incluirla en los procesos de licitación.

Deducibilidad de la compra de tecnología en actividades de I+D+i

Dentro de las deducciones por actividades de I+D+i, la legislación permite incluir en la base de deducción la adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, know-how y diseño. De esta forma se pretende conseguir un aumento en la demanda privada de soluciones basadas en I+D+i. De esta manera se trata de fortalecer el sistema ciencia-tecnología-empresa, puesto que es el propio mercado quien se convierte en prescriptor, auspiciado por la consideración de gasto deducible.

Estos dispositivos y herramientas, junto con otros mecanismos de financiación de proyectos, explotación de resultados, transmisión de conocimiento, capitalización del know-how, generación de spill-overs, etc., son cuestiones capitales a la hora de maximizar las ventajas de la puesta en marcha y consolidación de una estrategia innovadora en las empresas, de cara a garantizar su posicionamiento y capacidad de respuesta en un entorno dinámico y de fuerte competitividad global.

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Industria extractiva. Libertad de amortización y factor de agotamiento (III)

Como regla general, las empresas encuadradas en las secciones anteriores, podrán reducir la base imponible en un 30% en el importe de las cantidades que destinen a la explotación de yacimientos mineros (diferentes al simple tratamiento, beneficio o transformación de materias primas minerales). Para determinar la base imponible, cuando haya diferentes actividades, se deberá realizar una contabilidad separada para poder identificar los ingresos y gastos de la actividad con derecho a factor de agotamiento.

Como excepción a esta regla, las entidades dedicadas al aprovechamiento de materias primas minerales prioritarias según el Plan Nacional de Abastecimiento (Fosfatos, carbones, uranio, níquel, aluminio, asbestos, cromo, manganeso, titanio, cobre, estaño, hierro, plomo, recursos geotérmicos, potasas, pizarras ornamentales, fluorita, caolín, mármol, granito, magnesita) pueden optar por un factor de agotamiento de hasta el 15% del valor de los minerales vendidos, considerándose también como tales aquéllos consumidos por las mismas empresas para su posterior tratamiento o transformación. En ningún caso podrá ser superior a la base imponible correspondiente al tratamiento, transformación, comercialización y venta de las sustancias obtenidas de los aprovechamientos señalados y de los productos que incorporen dichas sustancias y otras derivadas de ellas.

Estas cantidades sólo podrán ser invertidas en gastos, trabajos e inmovilizados directamente relacionados con las siguientes actividades (siempre relacionadas directa y objetivamente con la propia actividad extractiva):

–          Exploración e investigación de nuevos yacimientos minerales.

–          Investigación para la mejora de la recuperación o calidad de los productos.

–          Suscripción o adquisición de valores representativos de capital social de determinados tipos de empresas.

–          Investigación para un mejor conocimiento de las reservas del yacimiento en explotación.

–          Laboratorios y equipos de investigación aplicables a las actividades mineras de la empresa.

–          Actuaciones comprendidas en los planes de restauración sobre gestión de residuos y de protección y rehabilitación del espacio afectado por la actividad minera.

Estas inversiones deben realizarse en un plazo de 10 años, contados a partir de su conclusión, recogiéndose en las memorias de los 10 ejercicios siguientes. En cada periodo, se deben incrementar las cuentas de reservas en el mismo importe que se redujo la base imponible en concepto del factor de agotamiento comentado (únicamente se podrán disponer libremente de estas reservas en la medida que se vayan amortizando las inversiones, o una vez pasados 10 años desde que se suscribieron las correspondientes acciones o participaciones financiadas con dichos fondos).

En ningún caso se podrán acoger estas inversiones a las deducciones por I+D+i.

A continuación se muestran los datos correspondientes a las empresas que se han acogido al factor de agotamiento:

FA

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