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Modificaciones en el Patent-Box introducidas en la LPGE2016

En la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, publicada este viernes 30 de octubre, se introduce una modificación en la forma de cálculo del incentivo fiscal conocido como patent-box (la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles), con el objeto de adaptarla a los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea y de la OCDE.


Artículo 62. Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles

De esta forma, y con efectos a partir de 1 de julio de 2016 y vigencia indefinida, se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 23 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que quedan redactados de la siguiente forma, pasando los actuales 3, 4, 5 y 6 a numerarse como 4, 5, 6 y 7:

«1. Las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, tendrán derecho a una reducción en la base imponible en el porcentaje que resulte de multiplicar por un 60 por ciento el resultado del siguiente coeficiente:

a) En el numerador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente relacionados con la creación del activo, incluidos los derivados de la subcontratación con terceros no vinculados con aquella. Estos gastos se incrementarán en un 30 por ciento, sin que, en ningún caso, el numerador pueda superar el importe del denominador.

b) En el denominador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente relacionados con la creación del activo, incluidos los derivados de la subcontratación y, en su caso, de la adquisición del activo. En ningún caso se incluirán en el coeficiente anterior gastos financieros, amortizaciones de inmuebles u otros gastos no relacionados directamente con la creación del activo. La reducción prevista en este apartado también resultará de aplicación en el caso de transmisión de los activos intangibles referidos en el mismo, cuando dicha transmisión se realice entre entidades que no tengan la condición de vinculadas.

2. Para la aplicación de la reducción prevista en el apartado anterior deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que el cesionario utilice los derechos de uso o de explotación en el desarrollo de una actividad económica y que los resultados de esa utilización no se materialicen en la entrega de bienes o prestación de servicios por el cesionario que generen gastos fiscalmente deducibles en la entidad cedente, siempre que, en este último caso, dicha entidad esté vinculada con el cesionario.

b) Que el cesionario no resida en un país o territorio de nula tributación o calificado como paraíso fiscal, salvo que esté situado en un Estado miembro de la Unión Europea y el contribuyente acredite que la operativa responde a motivos económicos válidos y que realice actividades económicas.

c) Cuando un mismo contrato de cesión incluya prestaciones accesorias de servicios deberá diferenciarse en dicho contrato la contraprestación correspondiente a los mismos.

d) Que la entidad disponga de los registros contables necesarios para poder determinar los ingresos y gastos directos correspondientes a los activos objeto de cesión. 3. En el caso de cesión de activos intangibles, a los efectos de lo dispuesto en este artículo, con independencia de que el activo esté o no reconocido en el balance de la entidad, se entenderá por rentas la diferencia positiva entre los ingresos del ejercicio procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de los activos y las cantidades que sean deducidas en el mismo por aplicación del artículo 12.2 de esta Ley, y por aquellos gastos del ejercicio directamente relacionados con el activo cedido.»


Artículo 64. Régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles.

Con efectos a partir de 1 de julio de 2016 y vigencia indefinida se modifica la Disposición transitoria vigésima de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición transitoria vigésima. Régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles.

1. Las cesiones del derecho de uso o de explotación de activos intangibles que se hayan realizado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, podrán optar por aplicar en todos los períodos impositivos que resten hasta la finalización de los contratos correspondientes, el régimen establecido en el artículo 23 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, según redacción dada al mismo por la Disposición adicional octava.1.ocho de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

2. Las cesiones del derecho de uso o de explotación que se hayan realizado o se realicen desde la entrada en vigor de la Ley 14/2013 hasta 30 de junio de 2016, podrán optar por aplicar en todos los períodos impositivos que resten hasta la finalización de los contratos correspondientes, el régimen establecido en el artículo 23 de la presente Ley, según redacción vigente a 1 de enero de 2015.

3. Las opciones a que se refieren los dos apartados anteriores se ejercitarán a través de la declaración del período impositivo 2016.

4. Las transmisiones de activos intangibles que se realicen desde 1 de julio de 2016 hasta 30 de junio de 2021 podrán optar por aplicar el régimen establecido en el artículo 23 de la presente Ley, según redacción vigente a 1 de enero de 2015. Esta opción se ejercitará en la declaración correspondiente al período impositivo en que se realizó la transmisión. 5. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 anteriores resultará de aplicación hasta 30 de junio de 2021. A partir de entonces, las cesiones que se hayan realizado de acuerdo con lo señalado en dichos apartados deberán aplicar el régimen establecido en el artículo 23 de esta Ley, según redacción dada al mismo por la Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.»

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Definición y categorías de pyme

Aunque ya es algo conocido por muchos, todavía existen dudas en algunos casos de la consideración de pyme de algunas empresas, y es una pregunta recurrente cuando se están analizando -por ejemplo- algunas convocatorias de ayudas públicas. Por esa razón, resumo de forma esquemática la consideración de pyme establecida por la Comisión Europea en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea L 124, p. 36, de 20 de mayo de 2003.

De forma general, la pyme es aquella empresa (entendida como cualquier entidad que ejerza una actividad económica, independientemente de su forma jurídica) que cumplen las siguientes condiciones:

  • Tienen menos de 250 personas (calculadas como unidades de trabajo anual).
  • Su volumen de negocios anual no excede de 50M€ o su balance general anual no excede de 43M€.

Yendo más al detalle, la división por categoría es la siguiente:

Def_pyme

A la hora de hacer estos cálculos es necesario además tener en cuenta si la empresa autónoma (<25% del capital), asociada (≦50%) o vinculada (>50), ya que puede obligar a realizar una serie de modificaciones. En el caso de empresa asociada, es necesario añadir a los datos de la propia empresa, la proporción correspondiente de la otra empresa para calcular el personal y los datos financieros. En lo que respecta a la empresa vinculada, se añade el 100% de los datos de personal y financieros.

La empresa perderá su categoría si supera los umbrales definidos durante dos ejercicios consecutivos. Lo mismo ocurre en sentido inverso, cuando se sitúa por debajo de umbrales en ese mismo periodo de tiempo.

Podéis ampliar información y ver ejemplos prácticos aquí.

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Modificaciones en el IS tras la aprobación de la reforma fiscal

Nuevo incentivo por aprovechamiento de I+D

El Proyecto de Ley fija un nuevo incentivo para las empresas que realicen un mayor esfuerzo en inversión en I+D. Aquellas que destinen cuantías superiores al 10% de su cifra de negocio podrán elevar de 3 a 5M€ anuales el importe monetizable de la deducción por I+D.

En el Anteproyecto de Ley se establecía un porcentaje de deducción por I+D incrementado del 50%, para estos casos. Sin embargo, el Proyecto de Ley sustituye dicho porcentaje incrementado por el nuevo límite de 5M€, a fin de adelantar e incrementar la seguridad de la deducibilidad efectiva de las cantidades invertidas en I+D en aquellas inversiones especialmente intensivas.

Extensión de la deducción por innovación a animación y videojuegos

A efectos de esta deducción, se añaden al concepto de innovación tecnológica las actividades de proyectos de demostración inicial o proyectos piloto relacionados con la animación y los videojuegos. Ello beneficiará a la industria cinematográfica y audiovisual, en general.

El desarrollo de dichos proyectos permitirá aplicar la deducción del 12% de los gastos efectuados en el período impositivo directamente relacionados con estas actividades que se apliquen efectivamente a su realización y consten específicamente individualizados por proyectos.

Bajada de impuestos para empresas

El Impuesto sobre Sociedades incorpora una bajada de tributación y medidas para fomentar la competitividad de las empresas y simplificación de deducciones. Con el fin de consolidar la aproximación de la fiscalidad de las empresas a los países del entorno, el tipo de gravamen general se reducirá desde el 30% al 28%, en 2015, y al 25%, en 2016.

Se crea una reserva de capitalización (minoración del 10 por 100 de la base imponible por incremento de fondos propios) que sustituye a la actual deducción por reinversión de beneficios.

Las Pymes, además, tendrán acceso a una nueva reserva de nivelación. Se trata de una minoración del 10% de la base imponible con un límite de un millón de euros. La cantidad se compensará con bases imponibles negativas en un plazo de cinco años. Además, se mantiene el régimen especial de entidades de reducida dimensión que ofrece otros beneficios a las pymes como la libertad de amortización.

Reordenación de deducciones y mejora de incentivos

El nuevo Impuesto sobre Sociedades ofrece una reordenación de deducciones, manteniendo las de por creación de empleo y potenciando la de I+D+i. Al mismo tiempo, se amplía la base imponible del impuesto para acercar el tipo efectivo al tipo nominal. Para ello, se limita la deducibilidad de gastos por deterioro, se mantiene la limitación de gastos financieros y se fija un límite general del 60% a la compensación de bases imponibles, que empezará a operar en 2016.

Con el objetivo de favorecer el desapalancamiento financiero (control del endeudamiento empresarial), se fija un límite general del 60% a la compensación de bases imponibles negativas, que empezará a operar en 2016. Se trata de una medida equiparable a la fiscalidad del entorno con el fin de sanear los balances de las empresas españoles.

Con el fin de mantener la recaudación en 2015, se prorrogan para ese ejercicio las medidas temporales en vigor (pagos fraccionados incrementados, limitación de compensación de bases imponibles negativas y fondo de comercio), que afectan, fundamentalmente, a las grandes empresas. Por otro lado, se equipara el trato fiscal de participaciones de entidades residentes y no residentes para adecuarlo al tratamiento internacional.

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Fuente: La Moncloa

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Cash-back. Aplicación de deducciones por I+D+i con insuficiencia de cuota

Con la aprobación definitiva de la Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización, publicada el pasado 28 de septiembre en BOE, se introdujeron -como ya mencionamos en su momento- algunas modificaciones en la Ley del Impuesto de Sociedades (aprobada por el RDL 4/2004). Tras algunos meses de análisis y consultas el panorama se va aclarando y se van obteniendo algunas respuestas a algunas cuestiones de carácter interpretativo.

La principal novedad es la posibilidad de eliminar la restricción derivada del límite de la cuota íntegra, en la aplicación de las deducciones fiscales por la realización de actividades de I+D+i, de manera que a partir de ahora se podrá solicitar incluso el abono de las cantidades que no puedan ser aplicadas por insuficiencia de cuota (el denominado cash back).

1.- MECANISMO

A partir de los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2013, las deducciones por actividades de I+D+i generadas a partir de entonces y que no sean aplicadas, pueden opcionalmente solicitar el abono del 80% de las mismas, quedando por tanto excluidas del límite de cuota (25% con carácter general a día de hoy).

2.- PERÍMETRO DE APLICACIÓN

  1. Se establece un límite de deducción aplicada o abonada de IT de 1M€ anuales, siendo este límite de aplicación igualmente para grupos de empresas que consoliden cuentas.
  2. El límite de deducción aplicada o abonada en el caso de I+D+i total son 3M€ anuales. Al igual que lo anterior, es de aplicación al Grupo en el caso de que consolide cuentas.
  3. Se formula de forma expresa que una misma inversión no podrá dar lugar a más de una deducción en la misma entidad, ni podrá dar lugar a la aplicación de una deducción en más de una entidad.

3.- CONDICIONES PARA LOS BENEFICIARIOS

Para poder aplicar este dispositivo se deben adquirir los siguientes compromisos:

  • Haber obtenido el informe motivado vinculante (IMV) del proyecto (la solicitud de este informe no es suficiente) o, en su defecto, un acuerdo previo de valoración. El IMV obtenido debe referirse a la actividad realmente realizada (con lo que se deduce que los IMV ex-ante no son válidos, salvo los emitidos por CDTI y similar que sí lo son).
  • Transcurrir un mínimo de un año desde que finaliza el periodo impositivo en el que se genera la deducción. Sin embargo, se declararán los gastos y deducciones correspondiente en la declaración del IS correspondiente al ejercicio fiscal en el que éstas se generasen.
  • Que se reinvierta el mismo importe de la deducción aplicada o abonada a gastos de I+D+i, o a inversiones en elementos de inmovilizado material o activo intangible -incluso puede estar contabilizado como inmovilizado en curso, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 35 de la TRLIS– afecto a estas actividades, en los 24 meses siguientes al periodo en cuya declaración se realice la aplicación o abono de las deducciones. En la reinversión en proyectos de I+D+i no será necesaria la obtención de IMV, aunque se recuerda que el desarrollo de un “producto nuevo” no es en sí mismo una actividad de I+D.
  • Que la plantilla media o, alternativamente, la plantilla media adscrita a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica no se vea reducida desde el final del período impositivo en que se generó la deducción hasta la finalización del plazo de reinversión.

Así pues, el cash-back lo podemos resumir de forma gráfica de la siguiente manera:

cash_back

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Incentivos fiscales en el ámbito de la I+D+i para las empresas del sector ferroviario

España ocupa el quinto lugar en el ranking mundial en calidad de sus infraestructuras para el transporte por tren, según el “Informe Global de la Competitividad 2013-2014” publicado por el Foro Económico Mundial, y sus empresas se encuentran en posición privilegiada para afrontar con garantías su internacionalización.

PK 335, Linha do Norte, 1994.10.06 El sector ferroviario español está atravesando en los últimos años por una etapa de cambio en su propia concepción a raíz de la crisis económica iniciada en 2008, lo que ha supuesto por un lado una importante contracción del mercado doméstico derivado la fuerte caída de las inversiones, y por otro lado una presencia de las empresas en el mercado internacional. En los últimos años, los ratios de crecimiento de las exportaciones en el sector han estado por encima del 20% anual, lo que evidencia este cambio de tendencia apalancado por su know-how y experiencia.

Esta traslación de su mercado ha supuesto, en términos generales, que el sector ferroviario mantuviese a pesar de todo cierta estabilidad y previsión de crecimiento a largo plazo, sobre todo en comparación con otros sectores industriales, lo que demuestra el hecho de que en los últimos siete años la aportación del sector al PIB global de la economía mundial haya pasado, según datos de la European Rail Industry (UNIFE), del 0,31% al 0,38% (con tasas de crecimiento en torno al 2,6% anual), debido sobre todo por el desarrollo en infraestructuras en Latinoamérica, Oriente Medio y África, compensando la reducción de la inversión en Europa y Asia Pacífico.

Sin embargo, estas buenas perspectivas no pueden enmascarar las dificultades que este reposicionamiento va a suponer a las empresas del sector, sobre todo en las pymes (que suponen un 75% de las empresas asociadas a MAFEX) que cuentan con dificultades para afrontar esta “inevitable” internacionalización y posicionamiento global. Por ello, y de forma complementaria a las ayudas privadas, sectoriales y públicas existentes para fomentar su presencia en el exterior, los incentivos fiscales pueden contribuir a relajar el estrés financiero de las empresas, aunque sin ser el escenario ideal, debe ser objeto de estudio y análisis.

Ley de Emprendedores

Las empresas del sector son especialmente activas en I+D+i en todas sus concepciones, y el know-how adquirido en los últimos años debido a la fuerte inversión interna y el creciente protagonismo de este sector a nivel global, constituyen uno de los sectores mejor orientados al mercado exterior. El desarrollo de la alta velocidad en Estados Unidos, el proyecto Medina – La Meca, o el desarrollo ferroviario en Chile, Brasil o Turquía, han sido los catalizadores de nuevas soluciones cimentadas en la I+D+i, en mayor o menor medida.

Cabe recordar que las actividades de I+D+i mencionadas no solamente abarcan las denominadas planificadas, que son aquéllas que surgen de desarrollar cualquiera de las dos dinámicas básicas de innovación como son la “market-pull” –como respuesta a una demanda del mercado- o la “technology-push” –que persigue buscar nuevos nichos de mercado a partir de nuevas tecnologías desarrolladas-, sino que también el desarrollo no planificado de productos, procesos o servicios como respuesta efectiva para la resolución de problemáticas o retos detectados pueden tener la consideración de I+D+i, con arreglo a lo establecido en el art. 35 de la TRLIS.

La nueva Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización, publicada el pasado 28 de septiembre, presenta diversas novedades en torno a los dispositivos fiscales que mejoran y facilitan su aplicación. Entre ellas, y que resultan de especial interés para el sector ferroviario, se encuentran las que afectan tanto la realización de actividades de I+D+i, como aquéllas que implican la cesión o transmisión de activos intangibles.

Actividades de I+D+i

Con respecto del articulado anterior, se elimina el límite en la cuota, pudiéndose incluso solicitar del abono de los créditos fiscales por I+D+i generados. Para ello, se deberá renunciar al 20% del crédito fiscal. No se altera con la nueva ley el alcance de las actividades elegibles, pero sí existen requisitos adicionales para la obtención de los abonos, que se exponen a continuación.

En primer lugar, se impone un periodo de carencia de un año entre la declaración de las actividades y la aplicación y abono de las deducciones. En segundo lugar, se exige el mantenimiento del empleo, bien en la empresa, bien en actividades de I+D+i. En tercer lugar la reinversión de las cantidades abonadas en I+D+i en los siguientes 24 meses siguientes a la finalización del período impositivo en cuya declaración se realice la correspondiente aplicación o abono. Y por último la obtención de Informe Motivado para los proyectos.

No obstante, para el sector ferroviario el cumplimiento de estos requisitos puede resultar factible gracias a algunas características coyunturales y, sobre todo, estructurales. Entre las primeras se puede destacar como la crisis ha podido obligar a ajustar plantillas y reducir costes, hecho que facilita el cumplimiento de compromisos globales de empleo de ahora en adelante. Por otro lado, a nivel estructural, las empresas del sector tienen departamentos específicos de I+D, en los que las empresas ya invierten anualmente, por lo que es viable asumir nuevos compromisos de inversión para aprovechar las ventajas fiscales. Paralelamente, la aumento del mercado exterior ha potenciado la palanca de la I+D+i –de forma más o menos explícita- como mecanismo diferenciador de las empresas, junto con un medio para el mantenimiento global de la estructura. Así, de forma general, los cambios en la ley permiten al sector ferroviario aprovechar características que le son inherentes para conseguir mayor financiación aún en casos en los que la empresa no disponga de cuota.

Cesión (o transferencia) de activos intangibles

Respecto de los activos intangibles, la variación es algo más de fondo, pues se articula más claramente el mecanismo para maximizar el aprovechamiento de este incentivo. De nuevo, las características propias a las empresas del sector ferroviario, hacen especialmente interesantes estos cambios, pues muchas de estas empresas generan nuevo conocimiento (apoyado en patentes, licencias, etc.) que ceden o transfieren fundamentalmente en mercados extranjeros. De alguna manera, el marco legal que se ha dispuesto se acomoda especialmente bien a la realidad del sector, siendo necesarias pocas consideraciones adicionales al criterio expuesto por la nueva ley.

De manera resumida, se puede destacar del texto que propone la nueva ley el cambio en el mecanismo de cómputo, siendo ahora el importe a integrar en la base imponible el 40% de la renta neta para estas cesiones. Este cambio resulta muy ventajoso puesto que incluye los costes de los activos intangibles, por lo que se reduce la presión fiscal sobre ellos.

Sin embargo, la principal novedad, que elimina la mayor barrera que las empresas encontraban para la aplicación de este incentivo, es la introducción de la consulta previa a Hacienda. Con este mecanismo se puede validar con la Administración la aplicación del incentivo, confirmando la seguridad jurídica del instrumento.

Así, queda además de relieve que las actividades de grupos empresariales, con diferentes empresas dedicadas a distintos ámbitos y entornos geográficos, pueden quedar al abrigo de la ley, permitiendo aprovechar los incentivos fiscales, ya que como se ha comentado es una circunstancia cada vez más extendida en las empresas del sector.

Es fundamental, para poder maximizar la aplicación de estos incentivos, garantizar una adecuada coordinación entre las áreas fiscales y técnicas de la organización, de forma que se puedan alinear intereses y establecer un proceso eficiente de afloramiento y gestión de este proceso. De esta manera, además, la aplicación de estos incentivos puede ser una variable a considerar durante la evaluación económica de los proyectos, como parte correspondiente al retorno de la inversión.

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Post coescrito con Luis Nadal.

Imagen de Nuno Morao, distribuida bajo licencia CreativeCommons.

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