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Modificaciones en el Patent-Box introducidas en la LPGE2016

En la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, publicada este viernes 30 de octubre, se introduce una modificación en la forma de cálculo del incentivo fiscal conocido como patent-box (la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles), con el objeto de adaptarla a los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea y de la OCDE.


Artículo 62. Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles

De esta forma, y con efectos a partir de 1 de julio de 2016 y vigencia indefinida, se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 23 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que quedan redactados de la siguiente forma, pasando los actuales 3, 4, 5 y 6 a numerarse como 4, 5, 6 y 7:

«1. Las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, tendrán derecho a una reducción en la base imponible en el porcentaje que resulte de multiplicar por un 60 por ciento el resultado del siguiente coeficiente:

a) En el numerador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente relacionados con la creación del activo, incluidos los derivados de la subcontratación con terceros no vinculados con aquella. Estos gastos se incrementarán en un 30 por ciento, sin que, en ningún caso, el numerador pueda superar el importe del denominador.

b) En el denominador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente relacionados con la creación del activo, incluidos los derivados de la subcontratación y, en su caso, de la adquisición del activo. En ningún caso se incluirán en el coeficiente anterior gastos financieros, amortizaciones de inmuebles u otros gastos no relacionados directamente con la creación del activo. La reducción prevista en este apartado también resultará de aplicación en el caso de transmisión de los activos intangibles referidos en el mismo, cuando dicha transmisión se realice entre entidades que no tengan la condición de vinculadas.

2. Para la aplicación de la reducción prevista en el apartado anterior deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que el cesionario utilice los derechos de uso o de explotación en el desarrollo de una actividad económica y que los resultados de esa utilización no se materialicen en la entrega de bienes o prestación de servicios por el cesionario que generen gastos fiscalmente deducibles en la entidad cedente, siempre que, en este último caso, dicha entidad esté vinculada con el cesionario.

b) Que el cesionario no resida en un país o territorio de nula tributación o calificado como paraíso fiscal, salvo que esté situado en un Estado miembro de la Unión Europea y el contribuyente acredite que la operativa responde a motivos económicos válidos y que realice actividades económicas.

c) Cuando un mismo contrato de cesión incluya prestaciones accesorias de servicios deberá diferenciarse en dicho contrato la contraprestación correspondiente a los mismos.

d) Que la entidad disponga de los registros contables necesarios para poder determinar los ingresos y gastos directos correspondientes a los activos objeto de cesión. 3. En el caso de cesión de activos intangibles, a los efectos de lo dispuesto en este artículo, con independencia de que el activo esté o no reconocido en el balance de la entidad, se entenderá por rentas la diferencia positiva entre los ingresos del ejercicio procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de los activos y las cantidades que sean deducidas en el mismo por aplicación del artículo 12.2 de esta Ley, y por aquellos gastos del ejercicio directamente relacionados con el activo cedido.»


Artículo 64. Régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles.

Con efectos a partir de 1 de julio de 2016 y vigencia indefinida se modifica la Disposición transitoria vigésima de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición transitoria vigésima. Régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles.

1. Las cesiones del derecho de uso o de explotación de activos intangibles que se hayan realizado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, podrán optar por aplicar en todos los períodos impositivos que resten hasta la finalización de los contratos correspondientes, el régimen establecido en el artículo 23 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, según redacción dada al mismo por la Disposición adicional octava.1.ocho de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

2. Las cesiones del derecho de uso o de explotación que se hayan realizado o se realicen desde la entrada en vigor de la Ley 14/2013 hasta 30 de junio de 2016, podrán optar por aplicar en todos los períodos impositivos que resten hasta la finalización de los contratos correspondientes, el régimen establecido en el artículo 23 de la presente Ley, según redacción vigente a 1 de enero de 2015.

3. Las opciones a que se refieren los dos apartados anteriores se ejercitarán a través de la declaración del período impositivo 2016.

4. Las transmisiones de activos intangibles que se realicen desde 1 de julio de 2016 hasta 30 de junio de 2021 podrán optar por aplicar el régimen establecido en el artículo 23 de la presente Ley, según redacción vigente a 1 de enero de 2015. Esta opción se ejercitará en la declaración correspondiente al período impositivo en que se realizó la transmisión. 5. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 anteriores resultará de aplicación hasta 30 de junio de 2021. A partir de entonces, las cesiones que se hayan realizado de acuerdo con lo señalado en dichos apartados deberán aplicar el régimen establecido en el artículo 23 de esta Ley, según redacción dada al mismo por la Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.»

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Mecanismos en la internacionalización de las empresas

La crisis económica iniciada en el 2007 ha tenido una incidencia muy significativa en el sector de la ingeniería civil e infraestructuras del transporte, pasando de un presupuesto total de licitación de casi 45 mil millones €, hasta los escasos 6 mil millones € de 2012.

Licitación

Uno de los mecanismos desarrollados por el sector para tratar de amortiguar esta caída de la actividad interna ha sido su internacionalización, tratando de aprovechar su know-how en la ejecución obras que se están desarrollando en países emergentes de América Latina, Asia, Australia o Norte América. El volumen de negocio de las empresas constructoras en el exterior ha pasado de los 14 mil millones de euros entre 2009 (desarrollado por  647 empresas) a 20 en 2011 (731 empresas), lo que da idea de su creciente peso.

# empresas

%emp

∆ anual

#pers

%pers

∆ anual

V neg

%Vneg

∆ anual

2009

647

15,66%

 

      61.417

8,63%

 

      14.333.767

8,97%

 

2010

671

17,41%

3,71%

      68.293

9,55%

11,20%

      15.862.486

10,21%

10,67%

2011

731

17,48%

8,94%

      87.452

11,09%

28,05%

      20.363.706

10,27%

28,38%

Llevar a cabo este movimiento de internacionalización implica dar pasos previamente en la formalización de diferentes aspectos, ya que se trata de un proceso complejo que debe estar armonizado, documentado y justificado, no en vano se trata de integrar e implementar diferentes procesos transversales y estratégicos para la Organización, los cuales además deben dar cumplida respuesta a la diversa legislación aplicable en esta materia.

En este ámbito se encuentra la relacionada con la política de precios de transferencia entre entidades vinculadas, como es el caso. Así pues, el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba  el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en su redacción dada por Ley 36/2006 (en adelante LIS) establece que las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su valor normal de mercado y desarrolla los diferentes métodos de de determinación del valor normal de mercado, de acuerdo con lo establecido por la OCDE, ya sean calculados de forma directa (precio libre comparable, coste incrementado o precio de reventa) o de forma indirecta (distribución del resultado o del margen neto).

De forma complementaria, se dispone en el Real Decreto Ley 6/2010 de 9 de abril, por el que se modifican los apartados 2 y 10 del citado artículo y con lo dispuesto en el Real Decreto 1793/2008, de 3 de noviembre y en el Real Decreto 897/2010, de 9 de julio, por los que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real Decreto 1777/2004 de 30 de julio.

La normativa española, a raíz de las recomendaciones del Consejo Europeo sobre documentación de precios de transferencia, exige la preparación de la documentación de las operaciones entre partes vinculadas en dos niveles diferentes:

  • Información sobre el grupo de sociedades, también conocido como Master file, desarrollado en el artículo 19 del Real Decreto 1777/2004.
  • Información específica del obligado tributario, ó Specific File, desarrollado en el artículo 20 del Real Decreto 1777/2004.

Aunque el desarrollo de este proceso es conocido, en la práctica no siempre es desarrollado por razones de operatividad, operatividad o urgencia, lo que implica un desarrollo de una estrategia no suficientemente planificada sino al aprovechamiento de oportunidades no planificadas.

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Incentivos fiscales en el ámbito de la I+D+i para las empresas del sector ferroviario

España ocupa el quinto lugar en el ranking mundial en calidad de sus infraestructuras para el transporte por tren, según el “Informe Global de la Competitividad 2013-2014” publicado por el Foro Económico Mundial, y sus empresas se encuentran en posición privilegiada para afrontar con garantías su internacionalización.

PK 335, Linha do Norte, 1994.10.06 El sector ferroviario español está atravesando en los últimos años por una etapa de cambio en su propia concepción a raíz de la crisis económica iniciada en 2008, lo que ha supuesto por un lado una importante contracción del mercado doméstico derivado la fuerte caída de las inversiones, y por otro lado una presencia de las empresas en el mercado internacional. En los últimos años, los ratios de crecimiento de las exportaciones en el sector han estado por encima del 20% anual, lo que evidencia este cambio de tendencia apalancado por su know-how y experiencia.

Esta traslación de su mercado ha supuesto, en términos generales, que el sector ferroviario mantuviese a pesar de todo cierta estabilidad y previsión de crecimiento a largo plazo, sobre todo en comparación con otros sectores industriales, lo que demuestra el hecho de que en los últimos siete años la aportación del sector al PIB global de la economía mundial haya pasado, según datos de la European Rail Industry (UNIFE), del 0,31% al 0,38% (con tasas de crecimiento en torno al 2,6% anual), debido sobre todo por el desarrollo en infraestructuras en Latinoamérica, Oriente Medio y África, compensando la reducción de la inversión en Europa y Asia Pacífico.

Sin embargo, estas buenas perspectivas no pueden enmascarar las dificultades que este reposicionamiento va a suponer a las empresas del sector, sobre todo en las pymes (que suponen un 75% de las empresas asociadas a MAFEX) que cuentan con dificultades para afrontar esta “inevitable” internacionalización y posicionamiento global. Por ello, y de forma complementaria a las ayudas privadas, sectoriales y públicas existentes para fomentar su presencia en el exterior, los incentivos fiscales pueden contribuir a relajar el estrés financiero de las empresas, aunque sin ser el escenario ideal, debe ser objeto de estudio y análisis.

Ley de Emprendedores

Las empresas del sector son especialmente activas en I+D+i en todas sus concepciones, y el know-how adquirido en los últimos años debido a la fuerte inversión interna y el creciente protagonismo de este sector a nivel global, constituyen uno de los sectores mejor orientados al mercado exterior. El desarrollo de la alta velocidad en Estados Unidos, el proyecto Medina – La Meca, o el desarrollo ferroviario en Chile, Brasil o Turquía, han sido los catalizadores de nuevas soluciones cimentadas en la I+D+i, en mayor o menor medida.

Cabe recordar que las actividades de I+D+i mencionadas no solamente abarcan las denominadas planificadas, que son aquéllas que surgen de desarrollar cualquiera de las dos dinámicas básicas de innovación como son la “market-pull” –como respuesta a una demanda del mercado- o la “technology-push” –que persigue buscar nuevos nichos de mercado a partir de nuevas tecnologías desarrolladas-, sino que también el desarrollo no planificado de productos, procesos o servicios como respuesta efectiva para la resolución de problemáticas o retos detectados pueden tener la consideración de I+D+i, con arreglo a lo establecido en el art. 35 de la TRLIS.

La nueva Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización, publicada el pasado 28 de septiembre, presenta diversas novedades en torno a los dispositivos fiscales que mejoran y facilitan su aplicación. Entre ellas, y que resultan de especial interés para el sector ferroviario, se encuentran las que afectan tanto la realización de actividades de I+D+i, como aquéllas que implican la cesión o transmisión de activos intangibles.

Actividades de I+D+i

Con respecto del articulado anterior, se elimina el límite en la cuota, pudiéndose incluso solicitar del abono de los créditos fiscales por I+D+i generados. Para ello, se deberá renunciar al 20% del crédito fiscal. No se altera con la nueva ley el alcance de las actividades elegibles, pero sí existen requisitos adicionales para la obtención de los abonos, que se exponen a continuación.

En primer lugar, se impone un periodo de carencia de un año entre la declaración de las actividades y la aplicación y abono de las deducciones. En segundo lugar, se exige el mantenimiento del empleo, bien en la empresa, bien en actividades de I+D+i. En tercer lugar la reinversión de las cantidades abonadas en I+D+i en los siguientes 24 meses siguientes a la finalización del período impositivo en cuya declaración se realice la correspondiente aplicación o abono. Y por último la obtención de Informe Motivado para los proyectos.

No obstante, para el sector ferroviario el cumplimiento de estos requisitos puede resultar factible gracias a algunas características coyunturales y, sobre todo, estructurales. Entre las primeras se puede destacar como la crisis ha podido obligar a ajustar plantillas y reducir costes, hecho que facilita el cumplimiento de compromisos globales de empleo de ahora en adelante. Por otro lado, a nivel estructural, las empresas del sector tienen departamentos específicos de I+D, en los que las empresas ya invierten anualmente, por lo que es viable asumir nuevos compromisos de inversión para aprovechar las ventajas fiscales. Paralelamente, la aumento del mercado exterior ha potenciado la palanca de la I+D+i –de forma más o menos explícita- como mecanismo diferenciador de las empresas, junto con un medio para el mantenimiento global de la estructura. Así, de forma general, los cambios en la ley permiten al sector ferroviario aprovechar características que le son inherentes para conseguir mayor financiación aún en casos en los que la empresa no disponga de cuota.

Cesión (o transferencia) de activos intangibles

Respecto de los activos intangibles, la variación es algo más de fondo, pues se articula más claramente el mecanismo para maximizar el aprovechamiento de este incentivo. De nuevo, las características propias a las empresas del sector ferroviario, hacen especialmente interesantes estos cambios, pues muchas de estas empresas generan nuevo conocimiento (apoyado en patentes, licencias, etc.) que ceden o transfieren fundamentalmente en mercados extranjeros. De alguna manera, el marco legal que se ha dispuesto se acomoda especialmente bien a la realidad del sector, siendo necesarias pocas consideraciones adicionales al criterio expuesto por la nueva ley.

De manera resumida, se puede destacar del texto que propone la nueva ley el cambio en el mecanismo de cómputo, siendo ahora el importe a integrar en la base imponible el 40% de la renta neta para estas cesiones. Este cambio resulta muy ventajoso puesto que incluye los costes de los activos intangibles, por lo que se reduce la presión fiscal sobre ellos.

Sin embargo, la principal novedad, que elimina la mayor barrera que las empresas encontraban para la aplicación de este incentivo, es la introducción de la consulta previa a Hacienda. Con este mecanismo se puede validar con la Administración la aplicación del incentivo, confirmando la seguridad jurídica del instrumento.

Así, queda además de relieve que las actividades de grupos empresariales, con diferentes empresas dedicadas a distintos ámbitos y entornos geográficos, pueden quedar al abrigo de la ley, permitiendo aprovechar los incentivos fiscales, ya que como se ha comentado es una circunstancia cada vez más extendida en las empresas del sector.

Es fundamental, para poder maximizar la aplicación de estos incentivos, garantizar una adecuada coordinación entre las áreas fiscales y técnicas de la organización, de forma que se puedan alinear intereses y establecer un proceso eficiente de afloramiento y gestión de este proceso. De esta manera, además, la aplicación de estos incentivos puede ser una variable a considerar durante la evaluación económica de los proyectos, como parte correspondiente al retorno de la inversión.

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Post coescrito con Luis Nadal.

Imagen de Nuno Morao, distribuida bajo licencia CreativeCommons.

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Ley de Apoyo al Emprendedor: Luces y sombras

Reproduzco a continuación un extracto del análisis realizado por Aitor Veiga con motivo de la publicación de la Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización el pasado sábado 28 de septiembre en BOE, centrándose en las modificaciones introducidas en el ámbito de las deducciones fiscales y el patent-box, puntualizando en este dispositivo lo publicado erróneamente en muchos foros, en el que afirman que se reduce la base en un 60%, cuando lo cierto es que el nuevo texto establece que se integra un 40% de la renta neta:

La Ley de Apoyo a los Emprendedores y a su Internacionalización ha sido aprobada en su último trámite parlamentario, publicándose en el BOE el pasado sábado 28 de septiembre. La medida estrella de esta iniciativa legislativa del Gobierno, en lo que hace referencia a las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i), es sin duda la posibilidad de eliminar la restricción en la aplicación de las deducciones fiscales por la realización de actividades de I+D+i, de manera que a partir de ahora se podrá solicitar incluso el abono de las cantidades que no puedan ser aplicadas por insuficiencia de cuota (cash back).

Mediante esta medida legislativa se habilita el acceso efectivo a este incentivo fiscal a las más de 20.000 empresas que declaran realizar actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, de acuerdo a la encuesta de innovación tecnológica del Instituto Nacional de Estadística correspondiente al 2011, de las cuales más del 92% son pequeñas y medianas empresas. A la mayoría de estas empresas, la configuración derogada del incentivo fiscal de las deducciones fiscales por la realización de I+D+i no les permitía obtener un ahorro real, en la medida en que no generaban los beneficios empresariales necesarios para absorber la deducción generada por su intensa inversión en I+D+i.

Se trata por lo tanto de una medida que, en términos nominales, representa un avance muy importante y que venía siendo demandada por el sector empresarial desde hace tiempo, para evitar que las empresas españolas se viesen penalizadas respecto de la competencia europea que sí podía acceder a este tipo de mecanismos.

El talón de Aquiles de esta medida es, sin duda alguna, el importante retardo de sus efectos en la liquidez de las empresas, debido a que la aplicación efectiva dela misma se retrasa hasta la liquidación del impuesto sobre sociedades del ejercicio 2014 (realizada en julio de 2015), pudiendo sufrir retrasos adicionales en el caso de que la emisión de los ahora obligatorios Informes Motivados no se produzca con anterioridad a dicha fecha.

En lo relativo a la aplicación del artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (denominado comúnmente Patent Box), ésta presenta importantes mejoras respecto de la redacción anterior: en cuanto a la intensidad de ahorro generado, permite un tipo efectivo de tributación del orden del 9,6% para las rentas procedentes de la cesión de activos intangibles (una mejora del 36% respecto de la normativa anterior). En lo que respecta al importe global de las rentas beneficiarias, se elimina el límite absoluto de 6 veces el coste del activo de la anterior normativa. Finalmente, sobre las operaciones beneficiarias, se abre la posibilidad para la transferencia de activos intangibles (incluyendo el arrendamiento financiero).

Sin embargo, existen todavía claroscurso en cuanto a la posibilidad de cesión de intangibles entre sociedades que tributen en régimen de consolidación fiscal, de forma que puedan beneficiarse de este importante incentivo fiscal, sin que el texto definitivo dé una respuesta aclaratoria definitiva. Esta circunstancia puede limitar ampliamente el interés creciente que despertaba este incentivo en el sector empresarial (con un ahorro fiscal total de más de 74 millones de euros en el ejercicio 2010, repartidos entre las 121 empresas que declararon esta reducción, de acuerdo a los datos publicados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria).

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Texto íntegro publicado en: http://www.elmundofinanciero.com/noticia/19407/Analisis-y-Opinion/Ley-de-apoyo-a-los-emprendedores:-luces-y-sombras.html

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Aprobada la Ley de Apoyo al Emprendedor. Cambios relacionados con la I+D+i

El pasado jueves 19 de septiembre se ha aprobado finalmente la Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización, después de haber superado el trámite parlamentario, a partir del anteproyecto de Ley que adelantamos el pasado mes de mayo y de la aprobación por parte del senado que también comentamos en este mismo espacio a mediados del mes de agosto. El texto definitivo se ha publicado el 25 de septiembre en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, y en el BOE del lunes 28 de septiembre.

En la parte que nos ocupa, las deducciones fiscales por I+D+i y las de cesión por activos intangibles, el texto presenta diversas novedades -y algunas lagunas aparentes- que trataré de sintetizar a continuación:

Deducciones fiscales por actividades de I+D+i

Se modifica el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, de la siguiente forma:

  • A partir de los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2013, las deducciones por actividades de I+D+i generadas a partir de entonces y que no sean aplicadas, pueden opcionalmente solicitar el abono del 80% de las mismas -quedando excluidas del límite de cuota-, manteniendo las siguientes condiciones:
    • Transcurrir un mínimo de un año desde que finaliza el periodo impositivo en el que se genera la deducción.
    • Que se reinvierta el mismo importe de la deducción aplicada o abonada a gastos de I+D+i, o a inversiones en elementos de inmovilizado material o activo intangible afecto a estas actividades, en los 24 meses siguientes al periodo en cuya declaración se realice la aplicación o abono de las deducciones.
    • Que la plantilla media o, alternativamente, la plantilla media adscrita aactividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica no se veareducida desde el final del período impositivo en que se generó la deducción hasta la finalización del plazo de reinversión.
    • Haber obtenido el IMV del proyecto o un acuerdo previo de valoración. En este punto no se aclara si los IMV ex-ante o los concedidos por CDTI o INNPACTO son aceptados, aunque como el texto no los excluye a priori deben de ser válidos.
  • Finalmente se establece un límite de deducción aplicada o abonada de IT de 1M€ anuales. Es de aplicación al Grupo de empresas que consolide cuentas. Aunque al principio existían dudas de si este límite afectaría a la aplicación de las deducciones por I+D+i en su totalidad o solamente la aplicación de esta nueva modalidad (la eliminación del límite de cuota), finalmente se entiende que es aplicable únicamente a ésta última.
  • El límite de deducción aplicada o abonada en el caso de I+D+i total son 3M€ anuales. Al igual que lo anterior, es de aplicación al Grupo en el caso de que consolide cuentas, y sólo en el caso de optar por la eliminación del límite de cuota.
  • Se formula de forma expresa que una misma inversión no podrá dar lugar a más de una deducción en la misma entidad, ni podrá dar lugar a la aplicación de una deducción en más de una entidad.

Reducción de las rentas por la cesión de activos intangibles.

En el caso del patent-box, las principales novedades son las siguientes:

  • Las rentas (ingresos procedentes de la cesión menos los costes por deterioros, y por aquellos gastos del ejercicio directamente relacionados con el activo cedido) procedentes de la cesión se integran en la base imponible en un 40% (en lugar de reducir el 50% los ingresos procedentes del activo), siempre y cuando:
    • La entidad cedente haya participado en la creación del activo, al menos, en un 25% del coste.
    • Que el uso del activo no lo materialice el cesionario en un producto o servicio que genere gastos fiscalmente deducibles en la entidad cedente, siempre que no esté vinculado con el cesionario.
    • Que el cesionario no resida en un paraíso fiscal, salvo que esté en un Estado Miembro de la UE y justifique que la operativa responde a motivos económicos válidos.
  • Tal y como se menciona en el punto anterior, desaparece el término “ingresos” que se establecía hasta el momento por el de “rentas netas”, siendo un matiz importante y más que reseñable por todo lo que conlleva.
  • En el caso de activos intangibles no reconocidos en el balance de la entidad, se entenderá por rentas el 80% de los ingresos procedentes de la cesión de aquéllos.
  • En el caso de grupos fiscales, en principio (aunque todavía no hay consenso en este punto) la aplicación de este dispositivo se podrá realizar entre sociedades que no tengan la obligación de consolidar cuentas (esto es, que no consolide fiscalmente). Este punto es importante, ya que solamente en ese caso la cesión intragrupo es válida.
  • Se podrá solicitar acuerdo previo de valoración en relación a los ingresos y rentas generadas. El plazo de resolución es de 6 meses, con silencio administrativo negativo.
  • Asimismo se podrá solicitar a la Administración Tributaria un acuerdo previo de calificación de los activos. El plazo de resolución es de 6 meses, con silencio administrativo negativo.
  • Por tanto, se logra una “histórica” demanda que es la obtención de seguridad jurídica plena para la aplicación del dispositivo, otorgada por el acuerdo previo de valoración.
  • Se elimina el límite previo de aplicación de hasta 6 veces el coste de creación del activo.

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