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Cash-back. Aplicación de deducciones por I+D+i con insuficiencia de cuota

Con la aprobación definitiva de la Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización, publicada el pasado 28 de septiembre en BOE, se introdujeron -como ya mencionamos en su momento- algunas modificaciones en la Ley del Impuesto de Sociedades (aprobada por el RDL 4/2004). Tras algunos meses de análisis y consultas el panorama se va aclarando y se van obteniendo algunas respuestas a algunas cuestiones de carácter interpretativo.

La principal novedad es la posibilidad de eliminar la restricción derivada del límite de la cuota íntegra, en la aplicación de las deducciones fiscales por la realización de actividades de I+D+i, de manera que a partir de ahora se podrá solicitar incluso el abono de las cantidades que no puedan ser aplicadas por insuficiencia de cuota (el denominado cash back).

1.- MECANISMO

A partir de los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2013, las deducciones por actividades de I+D+i generadas a partir de entonces y que no sean aplicadas, pueden opcionalmente solicitar el abono del 80% de las mismas, quedando por tanto excluidas del límite de cuota (25% con carácter general a día de hoy).

2.- PERÍMETRO DE APLICACIÓN

  1. Se establece un límite de deducción aplicada o abonada de IT de 1M€ anuales, siendo este límite de aplicación igualmente para grupos de empresas que consoliden cuentas.
  2. El límite de deducción aplicada o abonada en el caso de I+D+i total son 3M€ anuales. Al igual que lo anterior, es de aplicación al Grupo en el caso de que consolide cuentas.
  3. Se formula de forma expresa que una misma inversión no podrá dar lugar a más de una deducción en la misma entidad, ni podrá dar lugar a la aplicación de una deducción en más de una entidad.

3.- CONDICIONES PARA LOS BENEFICIARIOS

Para poder aplicar este dispositivo se deben adquirir los siguientes compromisos:

  • Haber obtenido el informe motivado vinculante (IMV) del proyecto (la solicitud de este informe no es suficiente) o, en su defecto, un acuerdo previo de valoración. El IMV obtenido debe referirse a la actividad realmente realizada (con lo que se deduce que los IMV ex-ante no son válidos, salvo los emitidos por CDTI y similar que sí lo son).
  • Transcurrir un mínimo de un año desde que finaliza el periodo impositivo en el que se genera la deducción. Sin embargo, se declararán los gastos y deducciones correspondiente en la declaración del IS correspondiente al ejercicio fiscal en el que éstas se generasen.
  • Que se reinvierta el mismo importe de la deducción aplicada o abonada a gastos de I+D+i, o a inversiones en elementos de inmovilizado material o activo intangible -incluso puede estar contabilizado como inmovilizado en curso, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 35 de la TRLIS– afecto a estas actividades, en los 24 meses siguientes al periodo en cuya declaración se realice la aplicación o abono de las deducciones. En la reinversión en proyectos de I+D+i no será necesaria la obtención de IMV, aunque se recuerda que el desarrollo de un “producto nuevo” no es en sí mismo una actividad de I+D.
  • Que la plantilla media o, alternativamente, la plantilla media adscrita a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica no se vea reducida desde el final del período impositivo en que se generó la deducción hasta la finalización del plazo de reinversión.

Así pues, el cash-back lo podemos resumir de forma gráfica de la siguiente manera:

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Situación de la innovación en Galicia

Tal y como recoge el Informe Cotec 2013, la competitividad de un país se apoya fundamentalmente en su inversión en investigación y desarrollo tecnológico, en su esfuerzo para conseguir un capital humano capacitado para adquirir conocimientos y desarrollar tecnologías de cualquiera de sus formas, y en la existencia de un tejido empresarial que sea capaz de aprovechar las fuentes de conocimiento y tecnología a su alcance para producir productos y servicios novedosos que tengan aceptación en el mercado global.

A partir de estos principios básicos comúnmente aceptados, las diferentes administraciones públicas desarrollan las diferentes estrategias de innovación, que permitan el fortalecimiento y desarrollo del sistema ciencia-tecnología-empresa.

Dentro de este contexto, en el que se puede citar el programa Horizonte 2020 europeo, o la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, la Comisión Europea ha fijado una estrategia específica de desarrollo regional, basada en una especialización inteligente, que permitirá potenciar sus puntos fuertes y conocimiento adquirido a lo largo del tiempo. Este programa, conocido como “Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente” (RIS3), se desarrollará en el periodo 2014-2020 y cuenta con un presupuesto estimado de 1.600 millones de euros en base a tres retos fundamentales: la gestión innovadora de los recursos naturales y patrimoniales, la mejora de la competitividad y la diversificación de la industria, y el relacionado con la vida saludable y envejecimiento activo.

Este trabajo de identificación y definición de las áreas de conocimiento se ha llevado a cabo a través de diferentes alternativas de especialización, como la modernización a través de la incorporación de nuevas tecnologías, la transición desde sectores tradicionales hace áreas más competitivas, la diversificación de actividades a partir de especializaciones existentes y el cambio radical o innovaciones disruptivas que puedan provocar la aparición de nuevos sectores. El resultado ha sido la identificación de diversas prioridades relacionadas con la eficiencia de los recursos, el desarrollo sostenible, los nuevos materiales, o las tecnologías de la información.

El desarrollo de este RIS3 es fundamental para garantizar la competitividad de Galicia en los próximos años, facilitando la generación de nuevo conocimiento de elevado valor añadido a nivel global, así como estimulando la creación de sinergias entre los diferentes agentes implicados, lo que redundará en beneficio de toda la sociedad, gracias a un mejor uso de los recursos públicos y privados en aquellos ámbitos con mayores oportunidades competitivas. Para su elaboración se parte de un análisis de la situación actual, resultado en parte del vigente “Plan I2C 2011-2015”, cuyo objetivo era desarrollar un ecosistema eficiente de I+D+i que permitiera a Galicia competir con garantías en un entorno globalizado.

El objetivo de todas estas políticas es desarrollar un ecosistema eficiente de I+D+i que permita a Galicia competir con garantías en un entorno globalizado. En el año 2012, la intensidad de innovación de las empresas en Galicia (entendida como gastos en actividades innovadoras sobre la cifra de negocios), se situaba en el 0,93%, por encima del 0,84% nacional, lo que representa un importante esfuerzo en el aumento de la competitividad y mejor posicionamiento de sus empresas. Sin embargo, la relación de gasto total en I+D sobre PIB en Galicia se sitúa en 0,87%, muy por debajo de la media nacional de 1,30%, y en continuo descenso desde el año 2008, momento en que alcanzó un máximo del 1,04%.

Esta situación se ilustra también en el Regional Innovation Scoreboard 2014, publicado recientemente por la Unión Europea, donde sitúan a Galicia dentro de las regiones con intensidad de I+D general moderada, con índices en general significativamente por debajo de la media europea, siendo particularmente significativo el índice de pymes que realizan actividades de I+D in-house, que se sitúa a Galicia a la cola de la Unión con un valor por debajo de la mitad de la media europea (0,227).

Según los últimos datos de la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio 2011, Galicia ha declarado 4M€ en deducciones fiscales por este ámbito (un 1,4% del total nacional, cuyo 78,4% corresponde a Catalunya y a la Comunidad de Madrid), situándose en la zona de intensidad media. Por otro lado, según el Informe anual CDTI 2012 -organismo que gestiona casi la mitad del total de lo financiado por el sector público al ámbito empresarial-, el número de propuestas realizadas desde Galicia fueron 58 (un 4,7% del total), a pesar de encontrarse en una región de convergencia que contaba con una mayor dotación presupuestaria (junto con Andalucía), canalizada a través de las ayudas FEDER Innterconecta. El sistema no se encuentra pues alineado del todo con la realidad empresarial, o en su defecto, existe todavía cierto desconocimiento de su existencia y funcionamiento.

Con el fin de estimular la iniciativa privada en el área de I+D+i, el actual sistema de financiación, -a través tanto de vías directas como indirectas-, tiene un notable impacto a la hora de poder superar el conocido death valley, lugar en el que mueren muchos proyectos o incluso organizaciones por falta de recursos propios para poder afrontar con garantías todo el proceso innovador, desde la generación de la idea, hasta su puesta en el mercado. Para ello, las empresas tienen a su disposición un amplio abanico de ayudas públicas, a pesar de la época de crisis económica que estamos atravesando, desde préstamos participativos de ENISA para emprendedores y start-ups, pasando por propuestas europeas en el marco del H2020, convocatorias de I+D como la PID o EEA Grants de CDTI, así como el Conecta Peme de la Gain, o las más orientadas a la producción innovadora, como la Línea Directa de Innovación de CDTI o la convocatoria de Inversiones Innovadoras para el Crecimiento Empresarial gestionada por la Gain, o incluso las de carácter demostrador como LIFE, cuyas nuevas bases se han publicado recientemente.

Por otro lado, la financiación indirecta permite aflorar y optimizar los gastos incurridos en actividades de I+D+i y/o medio ambiente, a través de las deducciones fiscales, la cesión de activos intangibles (conocido como Patent Box), o el reciente Cash-Back, desarrollado en la Ley de Apoyo al Emprendedor, para poder liquidar el crédito fiscal generado a partir del ejercicio fiscal 2013.

Todos estos instrumentos son fundamentales para garantizar la competitividad y desarrollo económico de Galicia, a través de una perspectiva común entre todos los agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa implicados. Apalancándose en la generación y transmisión de nuevo conocimiento como mecanismo de diferenciación, junto con la puesta en valor y capitalización de las actividades innovadoras no planificadas y la facilidad de acceso a la financiación para el desarrollo de proyectos de I+D+i, permitirán afrontar con garantías los desafíos de un entorno dinámico y cambiante, en el que la propuesta de valor es un aspecto clave de supervivencia.

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Incentivos fiscales en el ámbito de la I+D+i para las empresas del sector ferroviario

España ocupa el quinto lugar en el ranking mundial en calidad de sus infraestructuras para el transporte por tren, según el “Informe Global de la Competitividad 2013-2014” publicado por el Foro Económico Mundial, y sus empresas se encuentran en posición privilegiada para afrontar con garantías su internacionalización.

PK 335, Linha do Norte, 1994.10.06 El sector ferroviario español está atravesando en los últimos años por una etapa de cambio en su propia concepción a raíz de la crisis económica iniciada en 2008, lo que ha supuesto por un lado una importante contracción del mercado doméstico derivado la fuerte caída de las inversiones, y por otro lado una presencia de las empresas en el mercado internacional. En los últimos años, los ratios de crecimiento de las exportaciones en el sector han estado por encima del 20% anual, lo que evidencia este cambio de tendencia apalancado por su know-how y experiencia.

Esta traslación de su mercado ha supuesto, en términos generales, que el sector ferroviario mantuviese a pesar de todo cierta estabilidad y previsión de crecimiento a largo plazo, sobre todo en comparación con otros sectores industriales, lo que demuestra el hecho de que en los últimos siete años la aportación del sector al PIB global de la economía mundial haya pasado, según datos de la European Rail Industry (UNIFE), del 0,31% al 0,38% (con tasas de crecimiento en torno al 2,6% anual), debido sobre todo por el desarrollo en infraestructuras en Latinoamérica, Oriente Medio y África, compensando la reducción de la inversión en Europa y Asia Pacífico.

Sin embargo, estas buenas perspectivas no pueden enmascarar las dificultades que este reposicionamiento va a suponer a las empresas del sector, sobre todo en las pymes (que suponen un 75% de las empresas asociadas a MAFEX) que cuentan con dificultades para afrontar esta “inevitable” internacionalización y posicionamiento global. Por ello, y de forma complementaria a las ayudas privadas, sectoriales y públicas existentes para fomentar su presencia en el exterior, los incentivos fiscales pueden contribuir a relajar el estrés financiero de las empresas, aunque sin ser el escenario ideal, debe ser objeto de estudio y análisis.

Ley de Emprendedores

Las empresas del sector son especialmente activas en I+D+i en todas sus concepciones, y el know-how adquirido en los últimos años debido a la fuerte inversión interna y el creciente protagonismo de este sector a nivel global, constituyen uno de los sectores mejor orientados al mercado exterior. El desarrollo de la alta velocidad en Estados Unidos, el proyecto Medina – La Meca, o el desarrollo ferroviario en Chile, Brasil o Turquía, han sido los catalizadores de nuevas soluciones cimentadas en la I+D+i, en mayor o menor medida.

Cabe recordar que las actividades de I+D+i mencionadas no solamente abarcan las denominadas planificadas, que son aquéllas que surgen de desarrollar cualquiera de las dos dinámicas básicas de innovación como son la “market-pull” –como respuesta a una demanda del mercado- o la “technology-push” –que persigue buscar nuevos nichos de mercado a partir de nuevas tecnologías desarrolladas-, sino que también el desarrollo no planificado de productos, procesos o servicios como respuesta efectiva para la resolución de problemáticas o retos detectados pueden tener la consideración de I+D+i, con arreglo a lo establecido en el art. 35 de la TRLIS.

La nueva Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización, publicada el pasado 28 de septiembre, presenta diversas novedades en torno a los dispositivos fiscales que mejoran y facilitan su aplicación. Entre ellas, y que resultan de especial interés para el sector ferroviario, se encuentran las que afectan tanto la realización de actividades de I+D+i, como aquéllas que implican la cesión o transmisión de activos intangibles.

Actividades de I+D+i

Con respecto del articulado anterior, se elimina el límite en la cuota, pudiéndose incluso solicitar del abono de los créditos fiscales por I+D+i generados. Para ello, se deberá renunciar al 20% del crédito fiscal. No se altera con la nueva ley el alcance de las actividades elegibles, pero sí existen requisitos adicionales para la obtención de los abonos, que se exponen a continuación.

En primer lugar, se impone un periodo de carencia de un año entre la declaración de las actividades y la aplicación y abono de las deducciones. En segundo lugar, se exige el mantenimiento del empleo, bien en la empresa, bien en actividades de I+D+i. En tercer lugar la reinversión de las cantidades abonadas en I+D+i en los siguientes 24 meses siguientes a la finalización del período impositivo en cuya declaración se realice la correspondiente aplicación o abono. Y por último la obtención de Informe Motivado para los proyectos.

No obstante, para el sector ferroviario el cumplimiento de estos requisitos puede resultar factible gracias a algunas características coyunturales y, sobre todo, estructurales. Entre las primeras se puede destacar como la crisis ha podido obligar a ajustar plantillas y reducir costes, hecho que facilita el cumplimiento de compromisos globales de empleo de ahora en adelante. Por otro lado, a nivel estructural, las empresas del sector tienen departamentos específicos de I+D, en los que las empresas ya invierten anualmente, por lo que es viable asumir nuevos compromisos de inversión para aprovechar las ventajas fiscales. Paralelamente, la aumento del mercado exterior ha potenciado la palanca de la I+D+i –de forma más o menos explícita- como mecanismo diferenciador de las empresas, junto con un medio para el mantenimiento global de la estructura. Así, de forma general, los cambios en la ley permiten al sector ferroviario aprovechar características que le son inherentes para conseguir mayor financiación aún en casos en los que la empresa no disponga de cuota.

Cesión (o transferencia) de activos intangibles

Respecto de los activos intangibles, la variación es algo más de fondo, pues se articula más claramente el mecanismo para maximizar el aprovechamiento de este incentivo. De nuevo, las características propias a las empresas del sector ferroviario, hacen especialmente interesantes estos cambios, pues muchas de estas empresas generan nuevo conocimiento (apoyado en patentes, licencias, etc.) que ceden o transfieren fundamentalmente en mercados extranjeros. De alguna manera, el marco legal que se ha dispuesto se acomoda especialmente bien a la realidad del sector, siendo necesarias pocas consideraciones adicionales al criterio expuesto por la nueva ley.

De manera resumida, se puede destacar del texto que propone la nueva ley el cambio en el mecanismo de cómputo, siendo ahora el importe a integrar en la base imponible el 40% de la renta neta para estas cesiones. Este cambio resulta muy ventajoso puesto que incluye los costes de los activos intangibles, por lo que se reduce la presión fiscal sobre ellos.

Sin embargo, la principal novedad, que elimina la mayor barrera que las empresas encontraban para la aplicación de este incentivo, es la introducción de la consulta previa a Hacienda. Con este mecanismo se puede validar con la Administración la aplicación del incentivo, confirmando la seguridad jurídica del instrumento.

Así, queda además de relieve que las actividades de grupos empresariales, con diferentes empresas dedicadas a distintos ámbitos y entornos geográficos, pueden quedar al abrigo de la ley, permitiendo aprovechar los incentivos fiscales, ya que como se ha comentado es una circunstancia cada vez más extendida en las empresas del sector.

Es fundamental, para poder maximizar la aplicación de estos incentivos, garantizar una adecuada coordinación entre las áreas fiscales y técnicas de la organización, de forma que se puedan alinear intereses y establecer un proceso eficiente de afloramiento y gestión de este proceso. De esta manera, además, la aplicación de estos incentivos puede ser una variable a considerar durante la evaluación económica de los proyectos, como parte correspondiente al retorno de la inversión.

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Post coescrito con Luis Nadal.

Imagen de Nuno Morao, distribuida bajo licencia CreativeCommons.

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