Barreras para acceder a la financión de la I+D+i

Recientemente, la CEOE publicó un informe acerca de las barreras en el acceso del tejido empresarial a los programas de ayudas públicas en el marco de la industria y la I+D+i, en el que alertan de la existencia de determinadas barreras de entrada a los programas de ayudas tanto en esta materia como en competitividad, ya que además las empresas se encuentran inmersas en un entorno tan delicado y complejo como el actual, fruto de la crisis económica iniciada en 2008.

En dicho documento, se realiza una radiografía de cada uno de los programas existentes y se explican las dificultades a de acceso para las empresas, y aunque en dicho informe no se menciona de forma explicita, es obvio que éstas son más graves -de forma general- en el caso de las pymes (hay que recordar que las 3.191.416 pymes existentes en la actualidad, representan un 99,88% de todo el tejido empresarial español, según la Dirección General de Industria y de la PyME). A continuación se resumen las barreras identificadas:

1. Condiciones de financiación.

  • Requerimiento de avales. En determinadas convocatorias se establece la obligatoriedad de presentación de avales en el momento de la solicitud de la ayuda, teniendo la empresa que abonar la empresa el coste retenido en la Caja General de Depósitos hasta recibir la resolución, independientemente de si es favorable o no. Este hecho representa un coste añadido para las empresas evidente y no desdeñable. Por otro lado, si finalmente se producen recortes en el presupuesto financiable el aval no es modificado, por lo que se generan costes añadidos innecesarios que van en perjuicio de las empresas solicitantes.
  • Tipos de interés en los préstamos. Actualmente -y de forma general-, los programas de ayudas suelen ser préstamos con un tipo de interés cada vez más próximo a las condiciones de mercado, lo que hace que a las empresas cada vez les resulte menos atractivo este tipo de programas, ya que incluso algunas de ellas -sobre todo las grandes empresas- pueden acceder a mejores condiciones de financiación en el propio mercado bancario.
  • Plazos de carencia y amortización de los préstamos. En algunos programas se están produciendo una progresiva reducción en estos plazos, lo que va en contra de la accesibilidad de estos programas por parte de las empresas, sobre todo en el caso de pymes.
  • Anticipo del importe concedido. Dados los condicionantes anteriores, cobra mayor importancia si cabe la posibilidad de aumentar el importe de los anticipos concedidos, dado que en la actualidad es claramente insuficiente. Estos anticipos son objetivamente procedentes, coherentes y alineados con el “efecto incentivador de las ayudas” exigido por la Administración, por lo que se trata de una demanda más que razonable por las empresas, al disminuir el riesgo financiero de la puesta en marcha de los proyectos de I+D.

 2. Proceso de tramitación.

Existe una fuerte -y excesiva, me atrevería a decir- carga burocrática en los procesos de solicitud de ayudas que complica su presentación, sobre todo en el caso de pymes que no tienen experiencia en este tipo de programas, además de existir diferentes plataformas y canales de tramitación independientes e inconexos entre sí que complican su correcta gestión.

La CEOE solicita también la reintroducción y aceptación de la figura de “entidad colaboradora”, que actúa de gestor y catalizador de los trámites administrativos, lo que redundaría en beneficio tanto de las empresas (tanto en el consumo de sus recursos como en la propia posibilidad real de acceso a estos programas con las mínimas garantías) como de la propia administración (ya que se minimizarían los errores formales y, por tanto, sus correspondientes requerimientos y subsanaciones).

Por otro lado, se solicita que las empresas que hayan tenido experiencia en convocatorias anteriores de un programa cuenten con algún tipo de ventaja con respecto al resto de convocatorias, con el objetivo de desarrollar proyectos más ambiciosos y con continuidad en el tiempo. Este punto puede ser cuestionado de forma general, ya que existen programas que permiten el desarrollo de proyectos a 3 o 4 años y la posibilidad de formular nuevas solicitudes apalancadas en los proyectos previamente financiados, lo que puede limitar la validez de este argumento formulado por la CEOE en su informe.

3. Incertidumbre en el calendario.

No se dispone con antelación de un calendario de convocatorias, sino que van sucediéndose por impulsos y con un carácter aparentemente caótico. Esto complica la labor de planificación y preparación previa de las ideas y proyectos –sobre todo en el caso de proyectos cooperativos-, además de un consumo de recursos en la puesta en marcha de procesos de vigilancia. Como es evidente, esto no contribuye precisamente a estimular la inmersión en el famoso open innovation ni a la creación de redes estables de colaboración al verse inmersos en un panorama de incertidumbre elevado.

En este sentido, la CEOE da énfasis a la necesidad de prever la apertura de las convocatorias y que éstas sean preferenemente a principios de año, para de este modo poder aplicar gastos a todo el ejercicio y maximizar la eficiencia del proceso.

4. Rigidez en la ejecución.

En algunas convocatorias se obliga –o por el contrario no se permite- la participación como beneficiarios a las llamadas OPIs (organismos públicos de investigación), restando flexibilidad a la creación de proyectos y desvirtuando su naturaleza debido a estas condiciones formales que limitan la flexibilidad y apartan ligeramente el foco del proyecto en sí mismo para ponerlo en los actores intervinientes.

Por otro lado, se da un toque de atención en que algunas convocatorias deben flexibilizar los trámites de solicitud de cambios de partidas durante la ejecución del proyecto, y se solicita que en la justificación de las actividades se lleve a cabo un verdadero análisis de fondo, y no quedarse tanto en aspectos formales. En este punto se podría tomar como ejemplo los procesos ligados al Programa Marco de la Comisión Europea (ahora ya Horizonte2020) o Life+.

Además, en muchos casos la interlocución con los gestores de las ayudas no es sencillo dada su falta de accesibilidad, y en caso de lograr acceder y establecer contacto no siempre se tiene una respuesta clara y definitiva. Establecer canales estables de comunicación, facilitando el contacto con los gestores y mejorar sus capacidades redundará en beneficio de todos.

5. Responsabilidad solidaria en consorcios.

Se considera un problema importante, aunque aparentemente se está, toda vez que cada vez es más habitual la firma individualizada del organismo concedente con cada empresa participante -así como una justificación individualizada de los gastos incurridos y de las actividades técnicas desarrolladas-, por lo que esta responsabilidad solidaria irá en perjuicio del resto de beneficiarios, sobre todo teniendo en cuenta que por los plazos de amortización existentes y por los plazos de prescripción de las responsabilidades, esta asunción de riesgo para las empresas es un factor limitan evidente a la hora de embarcarse en estos proyectos.

6. Elevados presupuestos mínimos financiables.

Muchas convocatorias establecen como requisito de participación, que la empresa cuente con un presupuesto mínimo que en la actualidad están fuera de su alcance. Esto supone una barrera casi insalvable para gran parte del tejido empresarial español, sobre todo en el caso de las pymes, sin que haya alternativas  consistentes a día de hoy en muchos casos quedando por tanto excluidas numerosas ideas y proyectos que no se podrán llevar a cabo por falta de financiación.

¿Qué otras barreras identificarías en el acceso a la financiación en programas públicos de I+D?

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